La Cámara de Diputados comenzó este miércoles a las 13.30 el debate sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), impulsada por el Gobierno de Javier Milei, con el objetivo de establecer como misión central de la entidad la preservación del valor de la moneda y prohibir el financiamiento al Tesoro Nacional. La iniciativa también modifica el mecanismo para remover a las autoridades del organismo, elimina las reservas de libre disponibilidad y establece un esquema para cancelar progresivamente las letras intransferibles y los adelantos transitorios acumulados.
La discusión se desarrolla en una sesión clave para el oficialismo, que busca avanzar con una de las reformas económicas consideradas centrales para consolidar su programa monetario.
El proyecto establece que el Banco Central tenga como “misión primaria y fundamental” preservar el valor de la moneda y apunta a limitar las herramientas mediante las cuales el Estado puede recurrir a la autoridad monetaria para financiar sus necesidades.
Entre otros cambios, la iniciativa propone eliminar los adelantos transitorios, impedir los préstamos al Gobierno nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y prohibir la compra de títulos del Estado nacional en el mercado primario.
También endurece las condiciones para remover al presidente y a los integrantes del directorio del BCRA. La remoción deberá responder a causales específicas y contar, además de la decisión del Poder Ejecutivo, con el respaldo de dos tercios de los presentes en ambas cámaras del Congreso.
Oficialismo: “blindaje institucional” y fin de la emisión para financiar al Estado
El diputado de La Libertad Avanza Santiago Pauli, miembro informante del oficialismo, abrió el debate con una defensa de la reforma y vinculó directamente la independencia del Banco Central con el poder adquisitivo de los argentinos.
“Cuando hablamos de reformar la Carta Orgánica del Banco Central no solo estamos hablando del Banco Central en sí mismo, sino del valor del trabajo de los argentinos, de nuestros sueldos, nuestros ahorros y la posibilidad de planificar”, sostuvo.
Pauli cuestionó el uso histórico del BCRA como fuente de financiamiento del Estado y afirmó que “cada vez que le faltaba plata al Estado se metía mano al Banco Central”.
Para el legislador, esa política tuvo como consecuencia directa la inflación. “El origen de la inflación ha sido la emisión descontrolada”, afirmó, antes de definir a la suba de precios como “el impuesto más violento que han sufrido los argentinos”.
El oficialismo sostiene que la reforma busca impedir que futuros gobiernos vuelvan a utilizar la autoridad monetaria para financiar el déficit.
En ese sentido, Pauli resumió los principales cambios: “Vamos a eliminar los adelantos transitorios; vamos a prohibir los préstamos al Gobierno, a las provincias, a la Ciudad; prohibir la compra de títulos del Estado nacional en el mercado primario”, además de eliminar las reservas de libre disponibilidad.
Su conclusión fue que el objetivo consiste en que el BCRA “no sea saqueado, no sea una herramienta para hacer política y volvamos a tener un peso fuerte”.
La diputada oficialista Juliana Santillán profundizó esa posición y planteó que la Argentina terminó padeciendo inflación crónica debido al rol que tuvo el Banco Central en el financiamiento del déficit.
“No es un misterio. La respuesta tiene nombre y apellido: un Banco Central convertido década tras década en la máquina de financiar el déficit del Tesoro”, afirmó.
Santillán sostuvo además que el proyecto busca transformar en una política permanente las medidas aplicadas por la administración Milei. “No es un capricho ideológico. Es blindaje institucional”, aseguró.
Sin embargo, dentro de los bloques que acompañan habitualmente al Gobierno también aparecieron reparos. El diputado del Movimiento de Integración y Desarrollo Eduardo Falcone respaldó la orientación general, pero pidió modificaciones para garantizar que la reforma pueda mantenerse más allá de la actual administración.
“Lo que intento es aportar dos o tres observaciones para que el proyecto continúe lo más posible en el tiempo”, planteó. Entre sus propuestas mencionó una composición federal del directorio y cambios en el mecanismo de designación de sus integrantes.
Por su parte, Esteban Paulón defendió una iniciativa para federalizar el organismo y advirtió que la discusión no debería limitarse a la distribución de cargos. “Estabilidad sí, monetarismo no”, expresó, al cuestionar la concepción económica del Gobierno.
La oposición cuestionó el impacto económico y puso el foco en el endeudamiento
Desde Unión por la Patria, Itai Hagman rechazó el proyecto y sostuvo que el Gobierno pretende utilizar la reforma para consolidar una política económica cuyos resultados, según su evaluación, no cumplieron las expectativas oficiales.
El legislador puso el foco en el deterioro del empleo, las jubilaciones y la actividad industrial, y también en el endeudamiento de las familias.
“Hay 6 millones de personas atravesadas por el problema del endeudamiento y la mora y otros tantos millones que no están en mora, pero están con la soga al cuello”, afirmó.
Para Hagman, el Congreso debería discutir mecanismos para aliviar esa situación antes que limitar las herramientas del Estado. “Estamos discutiendo una reforma que le quita instrumentos al Estado, a través del Banco Central, para resolver estos problemas”, cuestionó.
Además, acusó al Gobierno de estar “incubando una nueva crisis financiera” y concentró sus críticas en el artículo 12 del proyecto, referido al uso de activos del Banco Central como garantía para endeudamiento externo.
“Toda la política económica está orientada a que baje el riesgo país para volver a endeudar a la Argentina”, denunció Hagman, quien cuestionó la posibilidad de utilizar al BCRA como respaldo para nuevas operaciones de deuda.
La diputada Kelly Olmos también rechazó la iniciativa y vinculó la política económica oficial con el endeudamiento, la pérdida de empleo y la caída del poder adquisitivo.
“Eso no es estabilidad democrática, es estabilidad en los cementerios y es anticonstitucional”, lanzó durante su intervención.
Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro reconoció la importancia de modificar la Carta Orgánica, aunque planteó reparos sobre algunos mecanismos incluidos en el proyecto.
El diputado sostuvo que la reforma anterior había generado un fuerte crecimiento de las herramientas de financiamiento del Tesoro y consideró necesario establecer límites para las designaciones de autoridades del Banco Central.
“No le mintamos a los argentinos. El Banco Central hoy con esta sanción no queda blindado”, advirtió Ferraro, al señalar que todavía existiría la posibilidad de modificar determinadas decisiones mediante decretos de necesidad y urgencia.
Uno de los discursos más duros contra el proyecto estuvo a cargo de Miguel Ángel Pichetto, quien se manifestó “totalmente en contra” de la reforma.
El diputado de Encuentro Federal cuestionó que el Banco Central quede concentrado casi exclusivamente en preservar el valor de la moneda y advirtió sobre las consecuencias que podría tener una política monetaria que, a su entender, deje de lado el financiamiento productivo.
“El proceso de destrucción masivo que vive la industria, la economía y la pérdida del empleo va a requerir una herramienta financiera que aliente al desarrollo y el crecimiento”, sostuvo.
Pichetto también calificó la iniciativa como “un caza bobos” y cuestionó que, según su interpretación, la reforma responda a lineamientos del Fondo Monetario Internacional.
