El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno pondrá en marcha la próxima semana el programa para impulsar los créditos hipotecarios con fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES y adelantó que la primera licitación comenzará con $200.000 millones. El esquema busca aportar liquidez de largo plazo a los bancos, que serán los responsables de evaluar a los clientes, otorgar los préstamos y asumir el riesgo crediticio.
Caputo explicó que el objetivo del FGS no será convertirse en prestamista hipotecario ni asumir el riesgo de los deudores. Por el contrario, el organismo funcionará como proveedor de liquidez para las entidades financieras, que deberán canalizar esos recursos hacia nuevos créditos para la adquisición de viviendas.
“El FGS simplemente provee de liquidez a los bancos. Son los bancos los encargados de dar el crédito hipotecario, evaluar ese crédito y correr las consecuencias de ese negocio”, explicó el ministro.
La aclaración es central para entender el funcionamiento del programa. Una de las alternativas que se había evaluado era que el FGS comprara carteras hipotecarias de los bancos, pero esa posibilidad fue descartada porque, según Caputo, no corresponde al objetivo del fondo asumir ese tipo de exposición.
“La función del FGS no es correr ningún riesgo crediticio de personas humanas”, remarcó.
El programa apunta a resolver uno de los principales problemas que enfrenta actualmente el mercado hipotecario: los bancos reciben depósitos a plazos relativamente cortos, pero necesitan financiamiento de mayor duración para otorgar préstamos destinados a la compra de viviendas.
Cómo será la primera licitación
El mecanismo contempla que los bancos participen de licitaciones transparentes para obtener fondos del FGS. Las entidades deberán ofrecer una determinada tasa de retorno al organismo y, a cambio, conseguirán fondeo de mayor plazo para ampliar su capacidad de otorgar créditos hipotecarios.
Caputo confirmó que la primera licitación está prevista para la próxima semana y comenzará con $200.000 millones.
“Arrancaríamos con 200.000 millones de pesos y ahí veríamos la evolución, cuán rápido se dan las hipotecas en los bancos y, en función de eso, seguiríamos con nuevas licitaciones”, explicó.
El ministro señaló que el monto inicial no representa un límite definitivo para el programa, sino un punto de partida que permitirá evaluar la respuesta del sistema financiero y la velocidad con la que los bancos transformen ese fondeo en nuevos préstamos.
El FGS administra activos por más de US$70.000 millones, aunque solo una parte de esos recursos será utilizada para este mecanismo. La intención del Gobierno es aprovechar fondos que actualmente se encuentran colocados en instrumentos bancarios y extender los plazos de ese financiamiento.
En ese sentido, Caputo explicó que el esquema permitirá pasar de colocaciones más cortas a instrumentos de mayor duración, con operaciones que podrían extenderse a uno y hasta cinco años, según las alternativas analizadas.
El ministro también descartó que el mecanismo implique una reasignación de carteras hipotecarias dentro del FGS. La idea es que el fondo mantenga su rol de proveedor de liquidez y que los bancos conserven la responsabilidad sobre cada crédito otorgado.
Además, el Gobierno buscará que el sistema sea transparente y que las condiciones de las licitaciones no dependan de decisiones discrecionales vinculadas con los montos de cada préstamo.
La apuesta oficial es que, si el mecanismo funciona y los bancos comienzan a incrementar rápidamente la colocación de hipotecas, puedan realizarse nuevas licitaciones y ampliar progresivamente el volumen de recursos destinado al programa.
De esta manera, el Gobierno pretende utilizar al FGS como una herramienta para generar fondeo de largo plazo para el sistema financiero, sin trasladar al Estado el riesgo de los créditos hipotecarios individuales.
El anuncio se produce en un momento en que la administración de Javier Milei busca profundizar la recuperación del crédito y, al mismo tiempo, avanzar en la Cámara de Diputados con sus principales reformas económicas, entre ellas la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal II.
