La Cámara de Diputados dará este miércoles un paso clave en la agenda económica del Gobierno nacional al iniciar el debate del denominado Súper RIGI, el nuevo régimen de incentivos diseñado para captar inversiones de gran escala en sectores estratégicos de la economía argentina. El tratamiento comenzará en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, con la participación de funcionarios del Ministerio de Economía que defenderán la iniciativa impulsada por la administración de Javier Milei.
La discusión se desarrollará en el Congreso mientras el oficialismo busca reunir consensos para llevar el proyecto al recinto antes de fin de mes. La propuesta apunta a ampliar los beneficios otorgados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobado en la Ley Bases, incorporando nuevas actividades vinculadas a la economía del conocimiento, la energía, la minería y las industrias de alto desarrollo tecnológico.
Según fuentes parlamentarias, el proyecto cuenta con una recepción favorable entre sectores de la oposición dialoguista, lo que alimenta las expectativas del oficialismo de lograr una rápida aprobación en la Cámara baja.
Un régimen pensado para atraer capitales y proyectos de gran escala
El debate contará con las exposiciones del secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, y del secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, quienes explicarán los alcances del nuevo esquema ante los legisladores.
La iniciativa está orientada a captar inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares en actividades consideradas estratégicas para el desarrollo económico de largo plazo. Entre ellas figuran la explotación de minerales críticos como litio y uranio, la fabricación de baterías, la producción de hidrógeno verde, los vehículos eléctricos, los paneles solares, las turbinas eólicas, los semiconductores, la inteligencia artificial y los reactores nucleares de pequeña y mediana escala.
La intención oficial es posicionar a la Argentina como un destino competitivo para proyectos que demandan elevados desembolsos de capital y horizontes de planificación de varias décadas.
Para ello, el Súper RIGI propone, según el gobierno, otorgar estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria durante treinta años, una de las principales demandas planteadas por los grandes inversores internacionales.
Beneficios fiscales, menor carga tributaria y acceso a divisas
Entre los incentivos incluidos en el proyecto sobresale una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%, muy por debajo de los niveles actuales.
También contempla amortización acelerada de inversiones, permitiendo deducir el 60% del desembolso durante el primer año y el 20% en cada uno de los dos años siguientes.
A su vez, prevé certificados de crédito fiscal para cancelar IVA, una alícuota única del 10% para contribuciones patronales y la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal.
En materia financiera, el proyecto habilita una disponibilidad progresiva de divisas provenientes de exportaciones hasta alcanzar el 100% de libre disponibilidad a los tres años de iniciada la inversión.
Además, incorpora exenciones de derechos de importación, eliminación de retenciones a las exportaciones y la supresión de restricciones y cupos para operar en los mercados internacionales.
Desde el Gobierno sostienen que estas condiciones permitirán acelerar la llegada de capitales y generar un fuerte impacto sobre la producción, el empleo y el ingreso de divisas en sectores considerados claves para el crecimiento económico.
El oficialismo busca acelerar la aprobación
Antes del inicio formal del debate, referentes de La Libertad Avanza encabezados por Martín Menem mantuvieron reuniones con diputados del PRO, la UCR, Innovación Federal y otros espacios aliados para presentar los principales lineamientos de la iniciativa y responder consultas técnicas.
Durante esos encuentros, Daniel González brindó explicaciones preliminares sobre el funcionamiento del régimen y escuchó observaciones vinculadas principalmente al alcance de los beneficios fiscales y a los mecanismos de control.
En el oficialismo consideran que el proyecto tiene mayores posibilidades de consenso que otras iniciativas impulsadas por el Ejecutivo y aspiran a conseguir dictamen en las próximas semanas para llevarlo al recinto durante junio.
