El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió que la investigación patrimonial contra Manuel Adorni pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para determinar si existió una posible evasión tributaria. El dictamen, presentado ante el juez Ariel Lijo, sostiene que las pruebas reunidas no permiten acreditar un enriquecimiento ilícito durante su paso por la función pública, aunque advierte sobre posibles fondos y activos que habrían permanecido fuera de las declaraciones fiscales.
La solicitud no implica el cierre de la causa ni un sobreseimiento. Ahora, Ariel Lijo deberá resolver si acepta el planteo y dispone el traslado del expediente a otro fuero judicial.
Bitcoin, gastos en efectivo y diferencias patrimoniales
Durante la investigación se detectaron erogaciones por USD 402.578, de las cuales más de USD 374.000 habrían sido pagadas en efectivo. También se identificó una diferencia de aproximadamente $43 millones entre los ingresos comprobados y los gastos, adquisiciones y cancelaciones de deudas analizados.
Entre las operaciones examinadas figuran la compra de un lote en el country Indio Cuá, reformas, mobiliario, un inmueble en Caballito, viajes y otros gastos familiares.
Frente a esos cuestionamientos, Adorni explicó que parte de los fondos provenía de inversiones en Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018. Según su defensa, había comprado criptomonedas por cerca de USD 200.000, distribuidas en ocho billeteras digitales, cuya posterior liquidación le habría permitido obtener USD 591.544,61.
Pollicita consideró que esa explicación no pudo ser descartada con la evidencia disponible. Las pericias confirmaron que la defensa tenía el control de las claves privadas de las billeteras al momento de la verificación y que existían movimientos registrados entre 2014 y 2018. Sin embargo, los especialistas advirtieron que la tecnología blockchain no permite identificar con certeza quién controlaba esas cuentas en el pasado.
El fiscal señaló que tampoco se logró vincular el dinero cuestionado con “un acto funcional, una contraprestación o una fuente ilícita asociada a la función”, un elemento relevante para sostener la hipótesis de enriquecimiento ilícito.
La lupa judicial se concentra ahora en los impuestos
Aunque el dictamen considera que no existen elementos suficientes para mantener la acusación original, advierte sobre posibles omisiones tributarias. Entre los puntos pendientes aparecen ingresos profesionales, tenencia de dólares, operaciones con criptomonedas y diferencias entre la información declarada ante organismos fiscales y los movimientos registrados.
La Fiscalía también puso el foco en fondos que habrían permanecido fuera del sistema bancario y del conocimiento de ARCA durante varios años.
Por eso, solicitó que el expediente sea remitido al fuero Penal Económico, que deberá analizar si existieron irregularidades en el pago de Ganancias, Bienes Personales u otros tributos nacionales.
La decisión final está en manos del juez Lijo: si acepta el planteo, la investigación continuará en otro fuero y bajo una posible hipótesis de evasión tributaria.
