Desde abril de 2022, cuando comenzó a funcionar la actual integración del Consejo de la Magistratura, cuatro jueces fueron destituidos por mal desempeño, otro renunció antes de enfrentar el juicio político y cuatro magistrados recibieron sanciones disciplinarias. El balance, que comprende el período hasta octubre de 2026, refleja la actividad del organismo encargado de investigar las conductas de los integrantes del Poder Judicial y promover su eventual remoción.
Entre los magistrados desplazados figuran Walter Bento, condenado a 18 años de prisión en Mendoza; Martín Poderti, por las irregularidades vinculadas con la custodia de monedas de oro en Mar del Plata; Alfredo López, por expresiones antisemitas y discriminatorias en redes sociales; y Gastón Salmain, exjuez federal de Rosario, cuya destitución se resolvió el 29 de octubre de 2026.
El caso de Marcelo Bailaque tuvo un desenlace diferente: presentó su renuncia el 1 de julio de 2025, antes de que comenzara el juicio de remoción, y el Poder Ejecutivo aceptó su dimisión. De ese modo, el procedimiento no llegó a una sentencia del Jurado de Enjuiciamiento. El exmagistrado también quedó detenido.
Las destituciones y los casos que llegaron al jury
Las investigaciones se tramitaron en las comisiones de Acusación y Disciplina y luego fueron sometidas al Plenario del Consejo, integrado por 20 miembros. Sin embargo, la decisión final sobre la remoción corresponde al Jurado de Enjuiciamiento.
En el caso de Bento, el organismo consideró acreditadas maniobras para interferir en la investigación penal en su contra, irregularidades patrimoniales y omisiones en sus declaraciones juradas. Poderti fue removido por incumplir sus deberes de custodia sobre una caja de seguridad judicial de la que desaparecieron 144 monedas de oro.
López perdió su cargo por publicaciones reiteradas con contenido antisemita y discriminatorio, consideradas incompatibles con la función judicial. Salmain, por su parte, fue destituido por ocultar antecedentes relevantes al presentarse a un concurso, entre ellos su cesantía previa del Poder Judicial. Tras perder los fueros, quedó detenido en el marco de una investigación por presunto cobro de coimas.
También fue investigado Pablo Díaz Lacava, juez de un tribunal oral federal de La Pampa, suspendido y enviado a jury por denuncias de violencia y acoso laboral. Sin embargo, el Jurado no encontró pruebas suficientes para destituirlo.
Multas, apercibimientos y un expediente pendiente
Además de las remociones, el Consejo aplicó sanciones a cuatro magistrados. Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi recibieron multas del 50% de sus haberes por expresiones ofensivas y discriminatorias incluidas en una sentencia sobre abuso sexual. Ambos fueron instados a actualizar su capacitación en perspectiva de género.
Alberto Calandrino recibió un apercibimiento por demoras injustificadas en expedientes laborales, mientras que Miguel Ángel Guerrero fue multado con el 30% de sus haberes por maltrato y hostigamiento laboral, incluidas conductas de violencia de género contra trabajadoras del juzgado.
Por último, permanece pendiente de tratamiento en el Plenario el expediente de Carlos Hugo Goggi, titular del Juzgado Nacional en lo Civil Nº 91. La Comisión de Disciplina aprobó un dictamen que propone aplicarle una multa del 35% de sus haberes por su actuación vinculada con la Ley de Honorarios Profesionales.
El balance contrasta con las 18 destituciones registradas entre 1999, cuando comenzó a funcionar el Consejo, y abril de 2022, cuando asumió la actual composición encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
