El Senado aprobó la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental después de más de 11 horas de sesión, en una votación que se realizó durante la noche del jueves en el Congreso. El proyecto enviado por el Gobierno obtuvo 42 votos a favor y 21 en contra y ahora será girado a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento.
La iniciativa modifica los criterios de internación, amplía el abordaje de las adicciones e incorpora nuevas herramientas para intervenir ante situaciones de riesgo. Entre los cambios más relevantes, establece que un médico, preferentemente psiquiatra, podrá disponer una internación involuntaria cuando exista peligro grave para la vida o la integridad física del paciente o de terceros.
El debate expuso diferencias entre oficialistas, aliados y opositores, especialmente por el financiamiento que necesitarán las provincias para aplicar la nueva normativa.
Internaciones involuntarias y nuevos criterios de atención
El texto aprobado establece que la internación involuntaria deberá ser un recurso excepcional, utilizado cuando no resulten posibles los tratamientos ambulatorios. En situaciones de emergencia podrá disponerla un médico, mientras que un equipo interdisciplinario tendrá un plazo de 48 horas para revisar y validar la decisión. También se contempla la posibilidad de realizar teleconsultas con especialistas en psiquiatría.
La reforma prevé la comunicación de estas internaciones a la Justicia, exige un plan de egreso desde el diagnóstico e incorpora la notificación anticipada a familiares o representantes legales para organizar la salida del paciente.
Además, amplía el concepto de adicciones y abre la posibilidad de tratar problemáticas como la ludopatía dentro del sistema de salud mental. Para los menores de edad, establece atención especializada y espacios de internación separados de los adultos.
El proyecto mantiene la prohibición de crear nuevos manicomios, aunque la continuidad de los hospitales monovalentes generó cuestionamientos durante el debate.
Al abrir la discusión, la senadora libertaria Ivanna Arrascaeta resumió el objetivo de la reforma con una frase: “Llegar a tiempo”. Según sostuvo, la legislación vigente quedó desactualizada y necesita herramientas para responder a las nuevas demandas sanitarias.
Desde la oposición, el senador radical Maximiliano Abad reconoció que el proyecto mejoró respecto de su versión original, pero cuestionó la permanencia de los hospitales monovalentes: “Cambiarles el nombre no cambia lo que son: manicomios”, afirmó.
Por su parte, la senadora justicialista Lucía Corpacci rechazó la modificación y sostuvo que el problema central no es la ley vigente, sino la falta de recursos para aplicarla. “Esto no funciona porque no hay presupuesto”, advirtió.
El financiamiento, otro eje de la discusión
La distribución de responsabilidades entre la Nación y las provincias fue uno de los puntos más debatidos. El senador Gerardo Zamora cuestionó que la reforma asigna nuevas obligaciones a las jurisdicciones sin garantizar los fondos necesarios: “Sin recursos no hay salud, no hay federalismo y no hay salud”.
En el cierre, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió el nuevo esquema y remarcó que la internación involuntaria tendrá carácter excepcional, mientras que la prevención seguirá siendo el objetivo principal.
