La Cámara de Diputados vivió este miércoles una sesión clave para el Gobierno de Javier Milei: el oficialismo consiguió aprobar el acuerdo de pago con los últimos holdouts que mantienen litigios contra la Argentina por el default de 2001, mientras avanzó además con el tratamiento del llamado Súper RIGI, el nuevo régimen de incentivos para grandes inversiones que busca seducir capitales en sectores estratégicos. Todo ocurrió en un recinto atravesado por la tensión política que dejó la fallida ofensiva opositora contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, apenas 24 horas antes.
La sesión comenzó a las 12.26 con el quórum justo de 129 diputados y tuvo un fuerte contenido político desde el arranque. El dato más simbólico fue la salida formal del flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, de la Cámara baja: el pleno aceptó su renuncia a la banca y en su lugar juró el pampeano Martín Matzkin, en una jugada que fortalece el esquema parlamentario de Patricia Bullrich dentro del oficialismo.
Sin embargo, el centro de la jornada estuvo en el paquete económico y financiero impulsado por la Casa Rosada. Por un lado, Diputados convirtió en ley el acuerdo de conciliación con dos grupos de acreedores que no habían ingresado a canjes anteriores. Por el otro, comenzó el debate del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI, una de las apuestas más ambiciosas del Gobierno para atraer dólares frescos y desarrollo en áreas tecnológicas y productivas.
Diputados aprobó el pago a los holdouts y el Gobierno cerró un litigio de 25 años
La Cámara baja sancionó el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para aprobar los acuerdos de pago con los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP, dos de los acreedores que seguían litigando contra el Estado argentino por títulos defaulteados desde 2001. La votación terminó con 138 votos a favor y 98 en contra, lo que le dio sanción definitiva a una iniciativa que ya había pasado por el Senado y que debía quedar aprobada antes del 30 de junio.
El entendimiento contempla el pago de 171 millones de dólares: US$67 millones para Bainbridge y US$104 millones para el grupo encabezado por Attestor. Según defendió el oficialismo, el acuerdo permitirá cerrar los últimos frentes judiciales abiertos en Nueva York, levantar amenazas de embargo sobre activos argentinos y evitar nuevos costos financieros para el país.
En nombre de La Libertad Avanza, el diputado Bertie Benegas Lynch fue el encargado de abrir el debate y cargó con dureza contra el kirchnerismo por el origen del conflicto. “Tenemos la oportunidad de cerrar esta herida de deshonra internacional después de 25 años”, afirmó, antes de acusar a la oposición de haber empujado al país a una nueva cesación de pagos con la Ley de Pago Soberano de 2014.
Benegas Lynch defendió la urgencia del tratamiento al remarcar que el acuerdo incluye una quita superior al 30% sobre el monto remanente, exime al Estado de pagar honorarios legales y compromete a los acreedores a no iniciar nuevas acciones judiciales. “Si no la aprobamos, se caen los acuerdos y se reactivan todas las medidas de litigio”, advirtió.
Del otro lado, Unión por la Patria y otros bloques opositores rechazaron el proyecto y cuestionaron tanto el contenido del acuerdo como el trasfondo político y económico de la decisión. El diputado Itai Hagman sostuvo que la iniciativa es “un paso más de un procedimiento que tiene un único objetivo: volver a endeudar a nuestro país” y cuestionó que el Estado haya negociado con fondos buitres sin suficiente transparencia sobre los títulos involucrados.
También Miguel Pichetto, desde Encuentro Federal, expresó reparos y denunció falta de claridad sobre el financiamiento del pago. A su juicio, el proyecto no especifica si el dinero saldrá de nuevo endeudamiento, de rentas generales o de una reasignación de partidas, y alertó sobre un posible costo oculto de la operación.
Súper RIGI: el otro gran objetivo de Milei en Diputados
Más allá del capítulo holdouts, el Gobierno puso en marcha en la misma sesión uno de los debates que considera centrales para su estrategia económica: la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, el llamado Súper RIGI.
Se trata de una herramienta pensada para captar inversiones de gran escala en sectores todavía poco desarrollados en la Argentina, especialmente vinculados a tecnología, innovación, producción avanzada y nuevas capacidades industriales. El esquema ofrece una batería de beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios, además de garantías de estabilidad a largo plazo para quienes ingresen al régimen.
Entre los incentivos previstos aparecen rebajas en el impuesto a las Ganancias, amortización acelerada, deducción de quebrantos sin límite temporal, créditos fiscales para IVA, exenciones en derechos de exportación e importación, alícuotas especiales en contribuciones patronales y la posibilidad de reducir impuestos locales.
Durante la negociación del dictamen, el oficialismo introdujo cambios para ampliar consensos. Uno de ellos fue incorporar entre los “objetivos prioritarios” del régimen el impulso al desarrollo de capacidades científicas, técnicas y tecnológicas que consoliden nuevas industrias en el país. También se dejó en manos del Poder Ejecutivo la reglamentación de los criterios para definir qué actividades económicas podrán ser consideradas como “nuevas industrias”.
El plazo de adhesión al Súper RIGI será de cinco años desde la reglamentación de la ley, con posibilidad de una prórroga de hasta un año adicional mediante decreto fundado. En el Gobierno entienden que el proyecto puede convertirse en una pieza clave para mostrar previsibilidad regulatoria y seducir capitales en un contexto de fuerte necesidad de inversión.
Adorni volvió a colarse en la sesión y reabrió los cruces políticos
Aunque el temario del oficialismo estaba diseñado para correrse del “caso Adorni”, la oposición volvió a meter el tema en el recinto apenas comenzada la jornada. La diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, pidió un apartamiento de reglamento para incluir sobre tablas una moción de censura contra el jefe de Gabinete, mientras que Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, impulsó otra maniobra para incorporar pedidos de interpelación y emplazamientos de comisión.
Ambas iniciativas fracasaron porque necesitaban una mayoría agravada de tres cuartos, imposible de alcanzar sin apoyo del oficialismo y sus aliados. La propuesta de Bregman cosechó 104 votos afirmativos y 125 negativos, mientras que la de Ferraro obtuvo 122 votos a favor y 108 en contra.
En ese marco, Bregman volvió a cargar con dureza contra quienes el martes no habían dado quórum para debatir la situación del jefe de Gabinete. “Lo más nefasto es que son los mismos que ocuparon horas hablando de ficha limpia. Ficha limpia, rabo sucio”, disparó. También sostuvo que “Adorni es Milei” y acusó al Congreso de blindar al Presidente y a su plan de ajuste.
Ritondo, jefe del bloque PRO, salió al cruce y defendió la decisión de su espacio de no acompañar la sesión opositora del día anterior. Sostuvo que aquella convocatoria “era una sesión de show” porque el martes la Comisión de Asuntos Constitucionales ya había sido convocada para tratar los mismos expedientes la semana próxima. “No era lo que resolvía el tema ni lo que hacía que Adorni venga”, planteó el dirigente macrista, alineado con la estrategia de diferenciarse del kirchnerismo pero sin cerrar la puerta a una futura interpelación.
Así, la sesión que el oficialismo imaginaba exclusivamente económica terminó mezclando de nuevo la discusión por la estabilidad financiera, la llegada de inversiones y la crisis política alrededor de Manuel Adorni.
