El ex jefe de gabinete del Ministerio de Capital Humano, Leandro Massaccesi, fue desplazado de su cargo por decisión de la ministra Sandra Pettovello luego de que se conociera que había accedido a un crédito hipotecario del Banco Nación. El episodio ocurrió en las últimas horas, en Argentina, y generó un fuerte debate político por posibles conflictos de interés dentro del Gobierno de Javier Milei.
Según trascendió, la salida se produjo tras considerar que la operación podía presentar irregularidades o incompatibilidades con la función pública. Sin embargo, el ex funcionario rechazó esas versiones y realizó un descargo público en redes sociales.
El descargo de Massaccesi y la defensa del crédito
Massaccesi negó haber cometido cualquier irregularidad y defendió el acceso al préstamo como un derecho en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos.
“No cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella”, afirmó, y agregó: “Accedí a un crédito para la primera vivienda junto a mi pareja, cumpliendo con todos los requisitos”.
El ex funcionario detalló que el trámite fue transparente: “La solicitud fue realizada de manera completamente transparente, vía web adjuntando toda la documentación requerida”.
Además, remarcó que se trata de una línea impulsada por el propio Gobierno: “Es una oportunidad concreta para la clase media… un crédito que asumimos a 30 años y que vamos a honrar”.
En ese sentido, defendió el principio de igualdad ante la ley: “Que quienes tenemos responsabilidades públicas accedamos a las mismas herramientas que cualquier ciudadano no constituye un ilícito”.
Finalmente, lamentó su salida: “Me voy con la tranquilidad de haber trabajado con compromiso durante estos casi dos años”.
El trasfondo: crecen las sospechas por conflicto de intereses
El caso de Massaccesi no es aislado. En las últimas semanas, se conocieron situaciones similares que involucran a funcionarios públicos y legisladores que accedieron a créditos del Banco Nación, lo que encendió alarmas sobre posibles conflictos de interés.
El punto central del debate radica en si quienes forman parte del Estado —y eventualmente tienen incidencia en políticas públicas o decisiones económicas— pueden beneficiarse de programas oficiales sin incurrir en ventajas indebidas.
Desde el entorno de Pettovello consideran que, más allá de la legalidad formal, debía evitarse cualquier situación que pudiera generar dudas sobre la transparencia. En esa línea, la decisión de desplazar al funcionario buscó enviar una señal política.
