La Justicia federal dio un fuerte respaldo al sistema universitario y ordenó al Poder Ejecutivo aplicar de manera inmediata la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, dejando sin efecto, de forma cautelar, el decreto que había suspendido la actualización de salarios docentes y becas estudiantiles.
La decisión fue tomada este martes por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, en el marco de una acción de amparo colectivo impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras entidades del ámbito académico. El magistrado consideró que el Decreto 759/2025 presenta, en esta etapa preliminar, rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.
Un freno judicial al decreto del Ejecutivo
En su resolución, Cormick ordenó cumplir de manera inmediata con las partidas previstas en la Ley 27.795, que establece la actualización de los salarios docentes y de las becas para estudiantes universitarios. Según el fallo, la suspensión dispuesta por el Ejecutivo genera “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, especialmente por la pérdida sostenida del poder adquisitivo del sector.
El juez sostuvo que el deterioro salarial no solo afecta a los trabajadores universitarios, sino que también impacta directamente en el derecho constitucional a enseñar y aprender. Además, rechazó el argumento del Gobierno basado en el interés público y subrayó que el eventual ahorro fiscal tendría una incidencia reducida, estimada en torno al 0,23% del Producto Bruto Interno.
División de poderes y derechos constitucionales
Otro de los puntos centrales del fallo fue la advertencia sobre una posible vulneración del principio de división de poderes. Para el magistrado, condicionar la vigencia de una ley insistida por el Congreso mediante un decreto presidencial implica el uso de una norma de jerarquía inferior para neutralizar una decisión del Poder Legislativo.
Si bien aclaró que la medida cautelar no adelanta opinión sobre el fondo de la cuestión, Cormick consideró que se encuentran reunidos los requisitos legales para ordenar el cumplimiento inmediato de la ley, en resguardo de derechos laborales protegidos por la Constitución y por tratados internacionales de derechos humanos.
