Vivimos tiempos en los que prohibir parece haberse convertido en un tabú. Se habla de “regular”, “acompañar”, “mediar”, pero la simple mención de la palabra “prohibir” genera incomodidad, como si estuviera fuera de lugar en una sociedad democrática y moderna. Sin embargo, la prohibición es un pilar fundamental en la construcción del tejido social. Sin normas claras, los individuos quedan desprotegidos, la confusión se instala y lo inaceptable se normaliza.
La evidencia científica es clara en muchos aspectos. Sabemos, por ejemplo, que el uso de pantallas en niños pequeños tiene un impacto negativo en el desarrollo del lóbulo frontal, afectando su capacidad de atención, autorregulación emocional y desarrollo cognitivo. ¿Cómo hacemos, entonces, para regular su uso si está comprobado que causa daño? Nos enredamos en discursos ambiguos sobre “uso responsable” cuando la realidad es que hay edades en las que simplemente no deberían usarse.
Otro ejemplo es el “Último Primer Día” (UPD), una práctica cada vez más extendida en la que adolescentes de último año del secundario consumen alcohol sin límites la noche anterior al inicio de clases, muchas veces con la anuencia de sus propios padres. ¿Cómo regulamos esto cuando los mismos adultos que deberían poner límites facilitan el acceso al alcohol? ¿Los colegios creen que han resuelto el problema simplemente poniendo faltas ese día? ¿Las autoridades se sienten conformes porque no hubo desmanes en la vía pública? ¿Es ese el criterio con el que medimos el daño social?
La incapacidad de prohibir con claridad se extiende a muchos otros ámbitos. La venta de vapeadores a menores de edad, a pesar de sus efectos nocivos, sigue en un limbo de regulación laxa. La exposición temprana a contenidos violentos o sexuales en redes sociales es una constante, con la excusa de que “es imposible controlar todo”. ¿Hasta qué punto llegaremos antes de reconocer que hemos fracasado en nuestra responsabilidad de proteger a los más vulnerables?
Esta renuencia para prohibir se basa en una distorsión conceptual. Se asocia la prohibición con autoritarismo, cuando en realidad es una herramienta esencial para garantizar la convivencia y el bienestar común. ¿Acaso no está prohibido robar? ¿O también pronto será “regulado”? La filósofa Hannah Arendt advertía sobre los peligros de la banalización del mal, señalando que cuando las normas se vuelven flexibles y maleables ante la conveniencia de cada momento, lo inaceptable puede convertirse en costumbre sin que nos demos cuenta.
La prohibición no es enemiga de la libertad, sino su complemento. Para que haya verdadera libertad, deben existir límites claros que protejan a quienes aún no tienen la capacidad de decidir por sí mismos. Y, sin embargo, en nuestra sociedad, prohibir se ha convertido en sinónimo de “exceso de control”, como si no hacerlo nos volviera más modernos o progresistas.
El resultado de esta tendencia es evidente: desprotección, confusión y normalización de lo inaceptable. Si queremos revertir este proceso, debemos preguntarnos seriamente qué nos pasa con la palabra prohibir y recuperar su verdadero sentido: el de una herramienta indispensable para la construcción de una sociedad más justa y segura.
IG adriandallastaok /www.fundaciopadres.org
