El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció este jueves un endurecimiento de los controles sobre los espacios de estacionamiento reservados para personas con discapacidad. La administración de Jorge Macri confirmó que quienes falsifiquen o adulteren carteles oficiales serán multados, sufrirán la suspensión preventiva de la licencia de conducir, deberán afrontar los costos del operativo de remoción y, en los casos más graves, enfrentarán una denuncia penal. La medida forma parte del plan de ordenamiento del espacio público impulsado por la gestión porteña.
La decisión llega luego de una serie de operativos que permitieron detectar numerosas irregularidades en distintos barrios de la Ciudad. Según datos oficiales, en lo que va del año ya fueron retirados más de 400 carteles de estacionamiento reservado que habían sido colocados de manera irregular o que correspondían a permisos vencidos, falsificados o pertenecientes a personas fallecidas.
Más controles, multas y suspensión de licencias
El nuevo protocolo establece que la Secretaría de Tránsito intensificará las inspecciones sobre toda la cartelería vinculada con reservas de estacionamiento para personas con discapacidad.
Cuando los inspectores detecten una irregularidad, el cartel será retirado de inmediato y, si se comprueba que fue falsificado o adulterado, el caso será denunciado ante el Ministerio Público Fiscal para determinar las responsabilidades penales correspondientes.
Además, la Ciudad iniciará automáticamente el procedimiento para suspender de manera preventiva la licencia de conducir del responsable, quien también deberá afrontar todos los gastos generados por el operativo de retiro de la señalización y la reparación del espacio público.
Al anunciar la medida, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, fue categórico al afirmar: “Se terminó la avivada de apropiarse de la calle con estacionamientos truchos. Les vamos a suspender la licencia de conducir, van a pagar una multa y todos los costos del operativo. Si falsificaron el cartel de la reserva para discapacitados, les vamos a hacer una denuncia penal. Tienen 20 días para regularizar cualquier situación. Después de ese plazo, bánquense las consecuencias legales. Ley y orden”.
Habrá un plazo para regularizar la situación
La nueva normativa también incorpora sanciones económicas más severas. Quienes exhiban certificados o credenciales de discapacidad inexistentes o fuera de la reglamentación podrán recibir multas de hasta 200 mil pesos, mientras que instalar, modificar o destruir señales oficiales de tránsito sin autorización implicará sanciones de hasta 100 mil pesos.
Como complemento de estas medidas, el Ejecutivo porteño enviará a la Legislatura un proyecto para modificar el Código Contravencional e incorporar específicamente como falta la falsificación o adulteración de carteles de estacionamiento destinados a personas con discapacidad.
Antes de aplicar plenamente las nuevas sanciones, el Gobierno otorgará un plazo de 20 días corridos para que quienes posean permisos vencidos, datos desactualizados o situaciones irregulares puedan normalizar voluntariamente su documentación mediante el sistema de Trámites a Distancia (TAD) o a través del correo oficial habilitado [email protected].
