La abogada argentina Agostina Páez dio un paso clave en su situación judicial en Brasil: tras una audiencia realizada en Río de Janeiro, la Justicia resolvió que no irá a prisión y quedó habilitada para regresar a la Argentina en los próximos días, a la espera de la definición de la fianza.
La joven estaba retenida desde enero, acusada de injuria racial luego de un episodio ocurrido en un bar del barrio de Ipanema, que fue registrado en video y derivó en tres denuncias por discriminación.
El caso tuvo un giro favorable durante la audiencia, donde la Fiscalía decidió unificar las acusaciones en un único delito continuado, lo que redujo significativamente la pena en expectativa.
Un fallo que cambia el escenario judicial
Según explicó su abogada defensora, Carla Junqueira, la Fiscalía y la querella no se opusieron a que Páez regrese al país. Ahora, el juez deberá definir el monto de la caución económica, un trámite que podría resolverse en pocos días.
Además, la pena prevista —de al menos dos años— será reemplazable por servicios comunitarios en Argentina y el pago de una reparación económica a las víctimas.
En ese contexto, la propia Páez habló tras la audiencia y expresó: “Fue la peor experiencia de mi vida”, al tiempo que aseguró haber pedido disculpas durante el proceso.
También sostuvo que su intención es regresar lo antes posible: “Me siento aliviada, pero hasta que no esté en Argentina no voy a estar en paz”, reflejando la tensión vivida durante los últimos meses.
Desde la defensa destacaron que el cambio de calificación del delito fue determinante, ya que evitó una posible condena mucho más severa que, en el escenario inicial, podía alcanzar hasta 15 años de prisión.
Qué pasará ahora y por qué no intervino Argentina
A pesar del avance favorable, Páez deberá esperar la resolución final del juez para conocer el monto de la fianza y cumplir con los requisitos legales antes de salir de Brasil.
Durante este tiempo, seguirá bajo medidas cautelares, como el uso de tobillera electrónica, hasta que se formalice su salida del país.
El caso también puso en evidencia los límites de la intervención del Estado argentino en situaciones judiciales en el exterior. Al tratarse de un hecho ocurrido en Brasil, rige el principio de soberanía judicial, lo que implica que solo la Justicia brasileña puede tomar decisiones sobre el proceso.
En ese marco, el rol del consulado argentino se limitó a brindar asistencia, garantizar derechos y acompañar a la acusada durante el proceso, sin posibilidad de intervenir en la causa.
En sus declaraciones finales, Páez también dejó un mensaje sobre lo ocurrido: “Recomiendo que la gente se interiorice y entienda el contexto cultural”, en referencia al impacto del racismo en Brasil.
A la espera de la resolución judicial, todo indica que su regreso a la Argentina podría concretarse en cuestión de días.
