En el Congreso se prepara otra función de ese teatro donde nadie quiere perder, aunque todos aseguran defender principios. El jueves 15 de octubre, la oposición intentará avanzar contra el DNU 70 de Javier Milei, que derogó la Ley de Tierras. La Corte Suprema restableció provisoriamente sus límites, pero el Gobierno busca cambiar el escenario y llevar la discusión hacia otro terreno legislativo. Incluso prepara una sesión para el 21. Cuando una puerta se cierra, en política siempre aparece alguien que conoce una ventana.
La discusión no es menor: están en juego las condiciones para que extranjeros compren tierras rurales, pero también la suerte de un decreto que contiene cientos de reformas. El oficialismo necesita cuidar los votos; la oposición, reunirlos. Y las convicciones más firmes empiezan a caminar con muletas cuando se acerca una votación. La soberanía puede esperar, parece decir el calendario parlamentario; el quórum, en cambio, tiene horario de oficina.
Mientras Milei cuenta diputados, Patricia Bullrich cuenta algo distinto: su propio capital político. La senadora obtuvo casi el 24% de los votos en la primera vuelta presidencial de 2023 y no parece dispuesta a guardar ese número en un cajón. Sigue marcándole la cancha al Presidente, diferenciándose y dejando en claro que tiene proyecto propio. En su entorno creen que la economía difícilmente despegue con fuerza rumbo a 2027 y que la imagen de Milei podría deteriorarse. Allí aparece el cálculo: disputar una interna o, si el camino se vuelve imposible, romper definitivamente con el Presidente para intentar convertirse en candidata presidencial. No es una decisión anunciada, pero sí una hipótesis (que maneja la mesa chica) que explica por qué cada diferencia pública parece tener algo más que una opinión detrás.
El peronismo observa esa posibilidad con preocupación. Algunos dirigentes creen que Milei puede ser derrotado si los indecisos se inclinan por otra alternativa. Pero entienden que ese electorado podría ser mucho más esquivo ante Bullrich: su perfil político y su trayectoria podrían reducir el margen de quienes hoy no tienen decidido su voto y favorecerla en una eventual competencia. Para el peronismo, entonces, no da lo mismo quién esté enfrente. Y la preocupación empieza bastante antes de que aparezcan las boletas.
La reunión del jueves entre Bullrich y el entorno presidencial permitió limar asperezas, pero no borró las diferencias. Karina Milei mantiene una distancia prudencial con la senadora. La armonía se exhibe en las fotos; las desconfianzas, como suele ocurrir, sobreviven fuera de cuadro.
Y si en el oficialismo las ambiciones ya hacen ruido, en el peronismo bonaerense directamente dejaron de hablar en voz baja. Axel Kicillof y Máximo Kirchner protagonizan una disputa que excede la distribución de cargos: se trata de quién conduce el PJ provincial, quién define la estrategia electoral y quién tendrá la llave del peronismo rumbo a 2027. Cristina Kirchner continúa siendo una referencia central para un sector, mientras el gobernador busca consolidar una construcción política propia a través del Movimiento Derecho al Futuro.
El acuerdo que llevó a Kicillof a la presidencia del PJ bonaerense y reservó para Máximo la conducción del Congreso partidario no apagó el conflicto: apenas le puso una sábana encima. El próximo 12 de noviembre, los congresales deberán definir quién encabeza ese organismo. En el kicillofismo hay sectores que consideran que llegó la hora de impedir la continuidad del líder de La Cámpora y dejar atrás una convivencia que describen como cada vez más frágil. La disputa no es solamente por una silla: el Congreso interviene en decisiones fundamentales para la estrategia electoral y puede convertirse en una herramienta decisiva para ordenar el partido.
Antes, el 17 de octubre, Día de la Lealtad, el acto previsto en Laferrere será otro termómetro. Si Kicillof y La Cámpora vuelven a mostrarse por separado, la postal dirá lo que los comunicados intentan disimular. Carlos Bianco ya puso en palabras una discusión que el espacio venía esquivando: quién convoca, quién representa y quién conduce. En el fondo, la pregunta es si habrá lugar para una unidad real o si cada sector empezará a preparar su propio camino. En el peronismo, la palabra unidad sigue en el diccionario; lo que no está tan claro es quién quiere compartir la misma mesa. “Esa unidad solo se podrá dar después de una interna. El que gana conduce y el que pierde acompaña”, dice uno de los ministros del gobernador.
Sergio Massa, mira con precaución la escena previa a lo que podría ser la batalla final en la Provincia. Por ahora, le conviene ese desgaste. Massa está recorriendo no sólo la Provincia de Buenos Aires, sino que también se reúne con dirigentes del interior. La maquinaria está en marcha.
Siguiendo en la provincia de Buenos Aires, y como venimos contando, también se juega otra partida de poder, esta vez con toga. La Corte Suprema bonaerense necesita cubrir vacantes y Cristian Ritondo, por el PRO, tendría un nombre acordado con La Libertad Avanza para ocupar uno de esos lugares. Ese entendimiento iría en detrimento de la aspiración radical y, especialmente, de Maximiliano Abad, que tiene en carpeta el nombre de su esposa, Marina Sánchez Herrero.
La Justicia necesita completar su integración; la política, entretanto, negocia quién se sienta en cada silla. Tierras, candidaturas, tribunales y liderazgos: cambian los escenarios, pero la trama se repite. Todos hablan de principios, institucionalidad y futuro. Después llega la hora de contar los votos, y entonces se descubre qué convicción era innegociable y cuál, con una conversación a tiempo, podía sentarse a negociar.
“Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros”.
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