Hay momentos en que un gobierno descubre, generalmente a fuerza de tropiezos, que la política no se gobierna con decretos, conferencias de prensa ni frases contundentes, sino que se negocia, se administra y, sobre todo, se paga. El gobierno de Javier Milei parece haber llegado a ese momento incómodo en el que la épica de la motosierra empieza a convivir con una herramienta bastante menos romántica pero mucho más antigua: la calculadora.
Aquellos que llegaron a la Casa Rosada prometiendo dinamitar las formas tradicionales de hacer política ahora pasan buena parte de sus días hablando con gobernadores, contando votos, ofreciendo obras, discutiendo recursos y buscando acuerdos para sostener sus proyectos en el Congreso. La paradoja tiene cierta belleza: la política que pretendía jubilar a la vieja política terminó llamando a sus puertas para pedirle una mano.
La discusión por la Ley de Tierras fue una muestra bastante transparente de ese nuevo realismo. El oficialismo modificó su proyecto, aceptó reclamos de los gobernadores y repuso una normativa cuya eliminación había formado parte de la arquitectura del DNU 70/2023. Puede presentarse como una concesión, una rectificación o una maniobra parlamentaria, según el color de los anteojos con los que se mire, pero hay una definición que parece más sencilla: es política. Y la política tiene una saludable costumbre que a veces irrita a los gobiernos con vocación refundacional: recordarles que nadie gobierna solo y que, cuando faltan votos, las convicciones suelen sentarse alrededor de una mesa a conversar con las necesidades.
Pero detrás de esa negociación aparece una pieza mucho más importante del tablero: las PASO. El Gobierno quiere eliminarlas o suspenderlas porque entiende que las primarias pueden convertirse en la herramienta que permita a sus adversarios ordenar sus fragmentaciones, resolver candidaturas y construir una alternativa competitiva para 2027. Por eso necesita a los gobernadores, y los gobernadores lo saben. Alfredo Cornejo, Carlos Sadir, Raúl Jalil y otros mandatarios provinciales entendieron hace tiempo que, cuando la Casa Rosada necesita sus votos, una banca en el Congreso puede valer bastante más que mil discursos.
Cada gobernador llega con su propia carpeta: uno pide rutas, otro reclama fondos, otro quiere obras, otro pretende preservar la identidad electoral de su provincia y todos quieren saber cuánto vale el apoyo que están dispuestos a entregar. La política argentina podrá haber cambiado de vestuario, pero conserva una vieja tradición: los favores nunca fueron completamente gratuitos.
El Gobierno necesita aprobar la reforma electoral y, para hacerlo, debe construir una mayoría que no tiene por sí mismo. Por eso la discusión sobre las PASO terminó transformándose en una negociación mucho más amplia, en la que aparecen obras públicas, recursos provinciales, coparticipación, rutas nacionales, colectoras y acuerdos territoriales. La Casa Rosada quiere cerrar el expediente electoral; los gobernadores quieren aprovechar el momento para preservar sus territorios. Y entre unos y otros aparece Diego Santilli intentando hacer de puente mientras los distintos sectores del oficialismo también discuten cuál debe ser la velocidad de la negociación. Es una escena casi costumbrista: los libertarios descubriendo que para cambiar las reglas del juego primero tienen que convencer a quienes todavía conservan las fichas.
Mientras el oficialismo negocia hacia afuera, el peronismo continúa negociando hacia adentro, que es una forma bastante más peligrosa de negociación porque en ese caso todos creen tener derecho a la última palabra. Cristina Kirchner conserva poder, identidad y un núcleo electoral duro; Axel Kicillof intenta dejar de ser solamente el gobernador de Buenos Aires para convertirse en jefe de una etapa diferente; Sergio Massa vuelve a circular por las conversaciones como ese jugador que nunca abandona completamente la cancha; y los gobernadores del interior esperan que, esta vez, alguien recuerde que el peronismo no termina en la General Paz.
El problema es que el movimiento todavía parece más preocupado por decidir quién conduce que por explicar hacia dónde pretende conducir. Hay quienes quieren conservar la llave del pasado, quienes buscan abrir la puerta del futuro y quienes, prudentemente, esperan en el pasillo para ver quién termina quedándose con el edificio.
La disputa entre Cristina y Kicillof es, en ese sentido, mucho más profunda que una pelea de nombres. Es una discusión por el control de la identidad del peronismo, por su relación con el electorado bonaerense y con el interior, por el lugar de los gobernadores y por la posibilidad de construir una alternativa que no dependa exclusivamente de la memoria de los años kirchneristas. Sergio Massa aparece en ese escenario como una pieza que puede volver a cobrar valor precisamente porque conserva vínculos con sectores diversos y capacidad de diálogo, mientras dirigentes como Sergio Uñac o Gerardo Zamora representan la expectativa de un peronismo que vuelva a mirar más allá de los límites del conurbano.
En una reunión que hubo la semana pasada en la casa del ex Presidente Duhalde, creen que Massa puede ser el que vuelva a llevar el PJ hacia el centro, por mas que sea apoyado por Cristina. Hay charlas con gobernadores y creen que la fórmula Massa-Gerardo Zamora, podría no solo ganarle la interna al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, sino un balotaje a Milei.
Y mientras los dirigentes hacen cuentas electorales, la sociedad observa desde una distancia cada vez menos paciente. La Marcha Federal Universitaria volvió a poner sobre la mesa un reclamo con una legitimidad que excede las fronteras partidarias: la defensa de la universidad pública y de su financiamiento. Sin embargo, también dejó una imagen que debería preocupar a todos. Cuando una movilización legítima termina dominada por los enfrentamientos, los encapuchados, los disturbios y la violencia, el reclamo original queda sepultado debajo del ruido y la televisión termina dedicando más tiempo a mostrar el choque que a explicar la razón de la protesta. Es una vieja tragedia argentina: una demanda razonable puede terminar convertida en un campo de batalla donde los extremos encuentran la oportunidad perfecta para hacerse visibles.
La violencia, además, no puede convertirse otra vez en lenguaje político. En un país con una memoria demasiado dolorosa sobre la palabra “infiltrados”, sería una irresponsabilidad convertir cualquier manifestación en una novela de sospechas, pero también sería ingenuo ignorar que existen sectores que encuentran en el conflicto permanente una forma de supervivencia política. La universidad tiene derecho a reclamar, los estudiantes tienen derecho a movilizarse y el Gobierno tiene la obligación de responder; lo que no necesita la democracia es que cada protesta termine convertida en una guerra televisada donde nadie recuerda cómo empezó la discusión.
Así transcurre esta Argentina. Las PASO pueden desaparecer, los candidatos pueden cambiar, las alianzas pueden romperse y los nombres que hoy parecen imprescindibles mañana pueden convertirse en una nota al pie. Lo único que permanece es una sociedad que, después de tantos experimentos políticos, sigue esperando algo bastante menos sofisticado: que quienes gobiernan dejen de pensar solamente siempre en la próxima elección y empiecen, finalmente, a pensar en el día después.
