La política argentina tiene el talento particular de complicar justo la reforma sobre la que parecía existir consenso, y esta vez el turno le tocó a las PASO. Después de años en los que, en buena parte del país, dejaron de ser una competencia interna real para convertirse en una elección costosa pagada por el Estado, la propuesta de eliminarlas tenía una lógica difícil de discutir: menos gasto, calendario más simple, sistema más ordenado. Duró, como casi todo consenso en el Congreso, hasta que el proyecto tuvo que empezar a sumar votos: el PRO necesita las primarias para ordenar sus internas y no quedar absorbido por La Libertad Avanza, y los gobernadores, de casi cualquier signo, no tienen demasiado apuro por cambiar reglas con las que ya saben ganar.
En esa negociación reapareció una herramienta que muchos daban por jubilada: las listas colectoras, que no son ninguna novedad ni un hallazgo de laboratorio, sino un mecanismo que el país ya conoce de memoria y que permite que distintos partidos presenten candidatos propios a legisladores mientras todos terminan empujando al mismo candidato a gobernador o presidente. Vendida como una forma de ampliar la oferta electoral, la experiencia le tiene reservado un historial bastante menos generoso: Tucumán construyó buena parte de su sistema político alrededor de los acoples, con decenas de listas confluyendo detrás del mismo apellido, y Formosa lleva décadas demostrando que colectora y alternancia rara vez conviven en el mismo distrito.
Hay, además, un problema de diseño que casi nadie discute con el mismo entusiasmo: la Boleta Única de Papel, pensada específicamente para reducir la cantidad de boletas y facilitarle la vida a quien vota, así que reintroducir colectoras es pedirle al sistema que haga exactamente lo contrario de aquello para lo que fue diseñado, con más candidatos por categoría, más combinaciones posibles y un escrutinio que se vuelve más lento cuanto más se lo quiso simplificar.
El debate, entonces, dejó de ser si las PASO siguen existiendo o no, para convertirse en qué sistema las reemplaza y a quién termina beneficiando ese reemplazo. Corregir un mecanismo que mostró sus límites es una decisión razonable; usar esa misma corrección como excusa para resucitar una herramienta que la propia historia argentina asoció durante años con oficialismos fuertes y oposiciones fragmentadas es, en cambio, una elección bastante menos inocente. Argentina tiene esa costumbre de convertir cualquier buena idea en una negociación interminable, y esta reforma, como tantas otras, corre serio riesgo de terminar pareciéndose más a la letra chica que a la simplificación que prometía.
