El debate sobre las tasas municipales ha dejado de ser una queja de café para convertirse en un expediente legislativo con nombre y apellido. Un grupo de diputados, encabezados por Patricia Vásquez, ha presentado en el Congreso un proyecto de ley que busca poner orden en el caos tributario local. La propuesta es simple en los papeles, pero revolucionaria en los hechos: establecer un Régimen General que obligue a los municipios de todo el país a demostrar que, por cada tasa cobrada, existe una contraprestación efectiva, concreta e individualizada. Básicamente, el proyecto quiere terminar con el “vale todo” fiscal.
La iniciativa, que ya recorre las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Asuntos Municipales, no inventa la pólvora; se apoya en la jurisprudencia de la Corte Suprema para exigir que las tasas mantengan una relación razonable con el costo del servicio. Pero detrás de la técnica jurídica, hay una realidad que la política suele olvidar: la del ciudadano que ya no aguanta más.
Es cierto que el vecino está harto de que su factura de luz sea un jeroglífico. Es innegable que la bronca estalla cuando, al intentar entender qué está pagando, se encuentra con conceptos que parecen sacados de un manual de inventiva recaudatoria. Ahí es donde hay que poner la punta del lápiz: no se puede seguir ordeñando a la misma vaca con el pretexto del federalismo. La autonomía municipal no es un cheque en blanco; es la responsabilidad de gestionar con eficiencia. Cuando la tasa se despega del servicio y se convierte en un tributo ciego, el ciudadano deja de ser un vecino para pasar a ser un rehén de la caja política.
Claro que hay gestiones que funcionan, distritos que devuelven cada peso en seguridad, higiene y obras visibles. Pero el problema es sistémico. El vecino siente que es el último orejón del tarro en una pelea de egos: por un lado, una Nación que impulsa estos proyectos con la mira puesta en el 2027, buscando desfinanciar estructuras territoriales opositoras; por el otro, municipios que defienden leyes provinciales de hace décadas para evitar dar explicaciones sobre sus gastos.
El proyecto de Vásquez plantea que este régimen se aplique en todo el territorio nacional apenas se publique en el Boletín Oficial. Esto pone a los intendentes ante un espejo incómodo: si la tasa es legítima y el servicio es real, no deberían temer a la transparencia. La resistencia que vemos hoy es la confesión de una debilidad: admitir que, si el pago no estuviera escondido en la boleta de luz o gas, muchos no lo harían porque no perciben el beneficio en su calle.
Estamos en un laberinto de ingeniería constitucional. Mientras los diputados discuten en comisión y los políticos calculan votos para la próxima elección, el que sigue poniendo el cuerpo —y la billetera— es el contribuyente. Ya no alcanza con invocar la autonomía para justificar la presión. El federalismo que viene o es transparente y basado en servicios reales, o será simplemente una cáscara vacía que la gente, agotada de financiar la ineficiencia, terminará por rechazar de cuajo.
