En la provincia de Buenos Aires existe una sigla que define el destino de tu barrio, pero que casi nadie entiende: el CUD (Coeficiente Único de Distribución). Es el número mágico que decide cómo se reparte la torta de la coparticipación entre los 135 municipios. Como analista que ha recorrido el laberinto legislativo local, me veo en la obligación de desarmar una de las estafas más silenciosas del sistema bonaerense: el castigo sistemático a la eficiencia.
El club de los aportantes castigados
Entre los municipios mas castigados figuran tanto Vicente López como San Isidro, e incluso distritos del interior con fuerte perfil productivo y cuentas saneadas como Tandil o Bahía Blanca, comparten una realidad amarga: son los motores económicos de la provincia, pero el sistema de reparto los trata como meros financistas del desorden ajeno.
Estos distritos han logrado modernizar su recaudación y mantener superávit o equilibrio fiscal. Sin embargo, la normativa provincial les envía un mensaje perverso: “Si sos ordenado y eficiente, te quito fondos”. El sistema no premia al que atrae inversiones o simplifica la vida del contribuyente; premia al que agranda la estructura estatal para justificar mayores giros de dinero. Es, en esencia, una transferencia de recursos desde los vecinos que pagan sus tasas en municipios prolijos hacia gestiones que utilizan el estado local como una agencia de empleo militante.
La “industria” de inflar estadísticas de salud
El 37% del CUD se reparte por variables de salud, y aquí es donde el análisis técnico revela la trampa. El sistema incentiva a los municipios a tener más camas ocupadas, no más gente sana.
Es un secreto a voces —que ya ha saltado a los tribunales— la existencia de “fábricas de estadísticas”. Distritos como General Rodríguez o José C. Paz han estado bajo la lupa por reportar números que desafían la lógica demográfica y sanitaria. En algunos casos, se han detectado saltos inexplicables en las consultas de centros de atención primaria que crecen a tasas que ningún censo justifica.
Esta ingeniería estadística busca un solo fin: capturar una tajada mayor de la coparticipación mediante el registro de internaciones de 24 horas por cuadros leves o consultas que nunca existieron. Mientras el sistema premia este “dibujo” en los papeles, la Provincia castiga a quienes invierten en tecnología y turnos online para evitar, precisamente, que la gente tenga que ir innecesariamente al hospital. El objetivo de los “infladores de números” es claro: succionar fondos de la coparticipación a costa de los que prefieren la salud real por sobre la burocracia hospitalaria ficticia.
El CUD como herramienta de sometimiento
Para profundizar en la trampa técnica, hay que entender que el CUD es un juego de suma cero: para que un municipio suba su coeficiente, otro tiene que bajar. Al basarse en variables de gasto reportado y servicios prestados de manera centralizada, el coeficiente se convierte en un grillete.
Si un intendente decide ahorrar o tercerizar un servicio para que sea más barato y mejor, su CUD baja automáticamente al año siguiente. Esto genera que los municipios se vuelvan “gastodependientes”: prefieren gastar mal para no perder la transferencia provincial antes que optimizar para el vecino. Es la antítesis de cualquier lógica económica liberal: se subsidia la estructura y se penaliza el ahorro.
Incentivos perversos: El mundo del revés
Un municipio que gestiona mal su hospital, pero lo tiene saturado por ineficiencia, recibe más dinero que uno que logra que sus vecinos se atiendan rápido y vuelvan a sus casas. La provincia subsidia la mala gestión.
La erosión del CUD en los municipios con superávit es un desafío constante. No es solo una cuestión de números; es una decisión política de nivelar hacia abajo. Estamos financiando un esquema donde, para recibir más recursos, un intendente debería, lógicamente, empezar a gestionar peor para no ser castigado por su propia eficiencia.
El vecino, el último en la fila
Esta no es una discusión de contadores públicos. Cuando un distrito miente en sus números para “robarle” puntos de coparticipación a otro, le está quitando el asfalto, las cámaras de seguridad o la iluminación al vecino de la localidad de al lado.
Desde un análisis liberal y ciudadano, la conclusión es contundente: el CUD es una herramienta de sometimiento y discrecionalidad. Mientras el reparto dependa de variables que se pueden “dibujar” en un despacho municipal para compensar déficits de gestión, la autonomía municipal será una ficción. La eficiencia se ha convertido en un pecado capital en la provincia de Buenos Aires, y el que paga los platos rotos es, como siempre, el contribuyente.
