En las últimas semanas, un fenómeno cultural minoritario, jóvenes que dicen experimentar una identificación espiritual o psicológica con animales, ocupó más minutos o casi la misma cantidad que la del debate de la reforma laboral. Es sintomático.
No por la magnitud del fenómeno en sí, que es reducido. Sino por lo que revela: vivimos en una sociedad donde la identidad declarada ha adquirido más peso público que los resultados verificables. Y esa lógica no nació en redes sociales ni en plazas con máscaras. Esa lógica fue cultivada desde el poder.
Durante buena parte de los últimos veinte años, la Argentina no sólo fue gobernada por una fuerza política; fue narrada por ella. El kirchnerismo entendió algo con lucidez estratégica: quien define el marco simbólico, define el debate. No se trataba únicamente de administrar recursos, sino de administrar sentido. Instalar una épica. Construir una identidad moral. Delimitar quién encarnaba al “pueblo” y quién quedaba automáticamente del lado equivocado de la historia. Mientras tanto, los datos avanzaban en dirección opuesta al relato.
Inflación estructural que terminó superando el 200% interanual. Pobreza consolidada por encima del 40%. Un Estado que creció en tamaño pero no en eficacia. Un sistema educativo que retrocedió en pruebas internacionales. Una moneda erosionada hasta volverse símbolo de desconfianza permanente. La realidad acumulaba evidencia; la narrativa acumulaba justificaciones.
No es menor la comparación.
En el fenómeno cultural que hoy genera polémica, la identidad se sostiene desde la vivencia interna: “soy esto porque lo siento”. En el ciclo político que marcó dos décadas argentinas, la identidad se sostuvo desde la autopercepción ideológica: “somos el lado correcto porque lo afirmamos”. En ambos casos, la validación se buscó en la intensidad del discurso, no en la comprobación empírica.
El problema no es la identidad. El problema es cuando la identidad se convierte en blindaje frente a la realidad.
El kirchnerismo perfeccionó una ingeniería narrativa donde los fracasos económicos podían ser redefinidos como resistencias heroicas, donde los desequilibrios fiscales eran presentados como actos de justicia social y donde toda crítica quedaba asociada a intereses oscuros. Se desplazó el eje de la discusión: en lugar de evaluar resultados, se evaluaban intenciones. En lugar de medir impacto, se medía lealtad.
Esa pedagogía cultural dejó huella.
Una sociedad que durante años escuchó que los datos podían reinterpretarse terminó naturalizando que la percepción vale tanto como la evidencia. Que la épica puede reemplazar al equilibrio. Que el relato puede suspender el examen.
Por eso el debate actual no debería centrarse en un grupo de jóvenes buscando identidad, sino en el país que convirtió la identidad en política de Estado.
La Argentina necesita recuperar un principio elemental: gobernar no es construir autoimagen, es producir resultados. La inflación no baja por convicción ideológica. La pobreza no se reduce con consignas. El crecimiento no se decreta desde un micrófono.
Podemos discutir culturas emergentes, tendencias generacionales y expresiones simbólicas. Lo que no podemos volver a hacer es permitir que la política opere en el mismo plano de la subjetividad incuestionable.
Durante veinte años, una fuerza gobernó convencida de que representar una identidad la eximía de rendir cuentas por los números. Y el costo lo pagaron los argentinos, no el relato.
Tal vez la lección más incómoda de este tiempo sea esta: cuando una sociedad deja de exigir evidencia y se conforma con pertenencia, la decadencia se vuelve estructural. La identidad puede ser una construcción íntima. La gestión, en cambio, es una obligación pública.
Y en la Argentina que viene, esa diferencia ya no admite confusión.
