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Nace la Red de Juezas y Jueces Penales: un espacio federal para reforzar la independencia judicial

El 5 de diciembre de 2025 marcó un hito para el Poder Judicial argentino. En el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la UBA se llevó a cabo el Primer Encuentro de la Red de Juezas y Jueces Penales de la Argentina, una iniciativa que reunió a más de un centenar de magistrados de las 24 provincias. El evento quedó constituido como el acto fundacional de un espacio creado para repensar, desde una perspectiva colectiva, democrática y federal, el rol judicial en el país.

La jornada buscó abrir un nuevo capítulo en la labor penal, marcado por el intercambio, la profesionalización continua y la defensa activa de la independencia judicial frente a los desafíos contemporáneos.

En la apertura, la jueza porteña Natalia Ohman presentó la Red y agradeció el acompañamiento de la Facultad de Derecho y del Departamento de Derecho Penal.

Ohman remarcó la necesidad de terminar con el “mutismo” histórico del Poder Judicial y avanzar hacia un ejercicio de la función jurisdiccional más articulado, transparente y cercano a la ciudadanía. También enfatizó que muchos magistrados enfrentan dificultades para ejercer plenamente su rol debido a falta de recursos, presiones externas o condicionamientos institucionales, realidades que varían según la región.

La premisa compartida quedó clara: no quedarse solo en el diagnóstico, sino construir soluciones colectivas.

El inicio formal estuvo a cargo de la jueza Karina Andrade, quien repasó los tres años de trabajo que dieron origen a la Red. Recordó especialmente el impulso inicial de los magistrados Mario Juliano y Mario Velázquez, figuras fundamentales para el desarrollo del proyecto.

La experiencia de la Red de Jueces de la Provincia de Buenos Aires, con 25 años de trayectoria, también actuó como referencia clave y “espejo” para la construcción del nuevo espacio federal. A esto se sumaron los aportes de jueces del sur del país involucrados en procesos de reforma judicial.

Independencia judicial: una garantía para la ciudadanía

Durante su intervención, Andrade evocó las palabras de Carmen Argibay, quien definía a la Corte Suprema como “el último bastión de defensa del Estado de derecho”. En esa línea, subrayó que los jueces y juezas penales cumplen ese rol desde la primera etapa de los casos.

Reafirmó además que la independencia judicial no es un privilegio de los magistrados, sino una garantía para toda la ciudadanía y para el funcionamiento pleno de la democracia. Por eso, destacó el valor del asociacionismo judicial como herramienta de fortalecimiento institucional.

Exposiciones y debates: un enfoque integral

El encuentro contó con la participación de figuras destacadas como el jurista español Perfecto Andrés Ibáñez, la Defensora General de la Nación Stella Maris Martínez, y el profesor y penalista Maximiliano Rusconi.

Posteriormente, magistrados de distintas provincias expusieron sobre las diversas dimensiones de la independencia judicial: funcional, orgánica y procesal.

El evento contó con la presencia de Jueces de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Carral, Gustavo Herbel, Graciela Angriman, Santiago Zurzolo Suarez, Nicolás Schiavo, Victoria Santamaria Guglielmetti, entre otros…

El cierre estuvo a cargo del camarista de San Isidro Leonardo G. Pitlevnik.

El documento fundacional: cinco compromisos centrales

El juez de Catamarca Rodrigo Morabito presentó los cinco ejes del documento fundacional que guiará a la Red:

  1. Compromiso con un Poder Judicial cercano y atento a las realidades sociales, especialmente en un país con crisis carcelaria y víctimas que demandan respuestas.
  2. Profesionalización y gestión responsable de los conflictos penales, promoviendo prácticas conforme al marco constitucional y convencional.
  3. Defensa de la independencia judicial como garantía esencial del Estado de derecho.
  4. Rechazo a políticas que busquen debilitar el control judicial sobre investigaciones policiales o del Ministerio Público, y oposición a cualquier forma de condicionamiento económico o político.
  5. Necesidad de un Poder Judicial robusto, con recursos adecuados y formación continua.

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