El fiscal federal Gerardo Pollicita intimó este lunes a Manuel Adorni a justificar en un plazo de 15 días el origen y evolución de parte de su patrimonio, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tramita ante el juez federal Ariel Lijo. El requerimiento, presentado en un dictamen de 207 fojas, alcanza también al patrimonio del grupo familiar y plantea 20 puntos sobre incrementos, adquisiciones, gastos y movimientos financieros que, según la Fiscalía, no encuentran hasta el momento una explicación suficiente.
La medida representa un nuevo avance en la investigación que comenzó a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano y que posteriormente incorporó nuevas presentaciones. La Fiscalía analizó documentación patrimonial, bancaria, fiscal, registral y financiera, además de información relacionada con activos virtuales y declaraciones juradas presentadas por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.
El requerimiento no implica por sí mismo una condena ni determina que exista un delito probado. Se trata de una instancia en la que el exfuncionario deberá aportar documentación y explicaciones sobre los movimientos patrimoniales observados por los investigadores.
La lupa fiscal está puesta sobre el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó a la función pública nacional, y el 27 de junio de 2026, cuando dejó su cargo.
Uno de los datos centrales de la investigación surge del cruce entre ingresos y gastos. Según el análisis fiscal, Adorni percibió 35 haberes como funcionario público, mientras que los ingresos comprobados del matrimonio durante el período analizado alcanzaron los $229.752.283,20.
En paralelo, los gastos familiares relevados llegaron a $272.820.832,20, entre seguros, expensas, electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes y consumos con tarjetas. La diferencia detectada asciende a $43.068.549.
A ese desfasaje en pesos se suma otro capítulo: la Fiscalía reconstruyó desembolsos por US$402.578,12, vinculados, entre otros conceptos, con viajes, alquileres temporarios, operaciones inmobiliarias, refacciones y adquisición de muebles, realizados en buena parte en efectivo.
La investigación sostiene que esos movimientos, confrontados con los ingresos lícitos acreditados, “no encuentran hasta el momento explicación suficiente”.
Los dólares, las propiedades y las operaciones que deberá explicar
Uno de los principales focos está puesto en los dólares en efectivo declarados por Adorni. Pollicita pretende que el exfuncionario precise el origen de las divisas, qué operaciones las generaron, cuándo se realizaron, quiénes intervinieron y cuál fue la trazabilidad bancaria, registral o bursátil de esas operaciones.
También deberá explicar dos préstamos atribuidos a familiares, identificados en la investigación como mutuos, y acreditar su existencia, fecha, entrega efectiva del dinero, destino y evolución de esas obligaciones.
Otro punto está relacionado con la compra de un Jeep, cuyo origen de fondos deberá ser documentado.
Pero el capítulo inmobiliario concentra buena parte de las preguntas de la Fiscalía. Adorni deberá explicar cómo se financió la adquisición del lote 380 del Country Indio Cuá, incluida la tasa de ingreso al emprendimiento, y por qué tanto el terreno como la vivienda construida allí aparecen a nombre de su esposa.
Sobre esa propiedad existe además una pregunta particularmente significativa: el origen de los US$245.000 abonados al contratista Matías Tabar por las refacciones. La Fiscalía reclama que se individualice el origen de cada pago y se presente la documentación que permita respaldarlo.
También se investigan los fondos utilizados para adquirir y amoblar el departamento ubicado en Miró 550, en el barrio porteño de Caballito. En particular, el requerimiento apunta a operaciones abonadas en dólares y en efectivo y a la forma en que fueron registradas patrimonialmente.
El fiscal también pidió información sobre eventuales ingresos exentos, herencias y donaciones, incluyendo fechas, instrumentos, montos y personas de las que provinieron. El objetivo es determinar si esos conceptos permiten explicar parte del incremento patrimonial observado.
Otro de los puntos bajo análisis es el dinero utilizado para afrontar viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas y gastos vinculados con la educación de los hijos. La Fiscalía también puso bajo la lupa la participación reiterada de terceras personas en compras de bienes y pagos en efectivo que, según la hipótesis investigativa, tenían como destinatario real al grupo familiar.
Las criptomonedas constituyen otro capítulo del requerimiento. Pollicita busca reconstruir cómo comenzó Adorni a operar con activos virtuales, cuál fue el capital inicial y cómo evolucionaron esas inversiones, especialmente porque parte del incremento patrimonial habría sido explicado mediante el rendimiento de esas operaciones.
La Fiscalía también reclamó explicaciones sobre los movimientos de las cuentas bancarias del matrimonio, tarjetas de crédito y billeteras virtuales, además de comprobantes y facturas que no pudieron ser conciliados con los medios de pago registrados.
Entre esos elementos aparecen 20 comprobantes informados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero durante 2024 y 2025 por más de $6 millones, además de otras 16 facturas por más de $2 millones cuyos pagos, según el análisis fiscal, no coincidirían con los importes documentados.
El requerimiento alcanza además eventuales cancelaciones de deudas con el Banco Galicia, los honorarios de la escribana Adriana Mónica Nechevenko por tres operaciones inmobiliarias y consumos efectuados mediante tarjetas utilizadas por personas del entorno familiar.
Por otra parte, Adorni deberá explicar una facturación superior a $4 millones emitida en 2026 a nombre de Bettina Angeletti, para determinar si correspondió a la compra de un vehículo, a una operación ya contemplada en la evolución patrimonial o a otro concepto.
Finalmente, la Fiscalía pidió precisiones sobre acreditaciones no salariales en la cuenta sueldo de Adorni y sobre la valuación y financiación de las mejoras realizadas tanto en el inmueble de Miró 550 como en la propiedad de Indio Cuá.
El requerimiento de Pollicita se apoya, según fuentes judiciales, en el análisis conjunto de las declaraciones juradas patrimoniales, sus rectificaciones y un informe técnico de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).
Ahora, Adorni tendrá 15 días para responder los 20 puntos y aportar la documentación que considere necesaria para justificar los movimientos cuestionados. La respuesta será incorporada al expediente que tramita ante Lijo y podrá resultar determinante para definir los próximos pasos de la investigación.
