El Gobierno de Javier Milei rechazó categóricamente este miércoles 11 de noviembre de 2026 la decisión de Irán de declarar a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas como “organizaciones terroristas”. A través de un comunicado difundido por la Cancillería en Buenos Aires, la administración nacional calificó la medida como una “acusación inadmisible” y reclamó nuevamente a Teherán que coopere con la Justicia argentina por los atentados contra la Embajada de Israel, en 1992, y la AMIA, en 1994.
La respuesta diplomática profundiza el enfrentamiento entre ambos países, en un escenario de creciente tensión por las decisiones adoptadas por sus respectivos gobiernos. La medida iraní llegó después de que la Argentina incorporara al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) a la categoría de organización terrorista, una determinación que Teherán interpretó como un acto hostil y ante la cual invocó el principio de reciprocidad.
Desde Buenos Aires, la Cancillería rechazó los argumentos iraníes y sostuvo que la decisión “carece de todo fundamento”. En el documento, el Gobierno defendió la legitimidad institucional de ambas fuerzas y remarcó que están subordinadas a la Constitución Nacional y tienen como función la defensa de la soberanía.
“Constituye una acusación inadmisible contra instituciones legítimamente constituidas”, expresó el comunicado, que también subrayó que las Fuerzas Armadas argentinas desarrollan sus actividades con respeto a las leyes nacionales, el derecho internacional y los tratados vigentes.
Los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA, en el centro del conflicto
El pronunciamiento volvió a poner el foco en uno de los principales puntos de fricción entre Buenos Aires y Teherán: la responsabilidad atribuida por la Justicia argentina a Irán por los atentados terroristas perpetrados en el país durante la década de 1990.
La Cancillería recordó que la investigación judicial atribuyó responsabilidad a la República Islámica por el ataque contra la Embajada de Israel, ocurrido en 1992, y por el atentado contra la AMIA, en 1994. También cuestionó la falta de cooperación iraní con los tribunales argentinos, el incumplimiento de las órdenes internacionales de detención vigentes y la presencia en cargos de alta responsabilidad de personas requeridas por la Justicia.
“Tres décadas después, los acusados no han comparecido ante la justicia argentina”, advirtió el Gobierno.
En ese marco, la Argentina volvió a exigir que Irán colabore plenamente con las investigaciones y ponga a disposición de los tribunales a los acusados. Además, reafirmó su compromiso con la memoria de las víctimas, expresó su solidaridad con sus familiares y con la comunidad judía argentina, y ratificó su rechazo a toda forma de terrorismo.
La declaración de Teherán y la respuesta oficial argentina abren un nuevo capítulo en una relación bilateral marcada por décadas de desconfianza. Por ahora, el eje del conflicto es diplomático y político: la decisión iraní de señalar a dos fuerzas militares argentinas y el rechazo contundente de Buenos Aires, que vuelve a colocar los atentados de 1992 y 1994 en el centro de su reclamo internacional.
