El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires apeló este martes la resolución de la jueza Laura Beatriz De Marinis, que había declarado inconstitucional la aplicación del artículo 1 de la Ley 27.801 en un caso concreto y sobreseído a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo. Los fiscales Mauro Tereszko y Paula Raffa Pirra, de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil, solicitaron además que la magistrada sea apartada del expediente y que la Cámara revise la decisión.
Los argumentos de la apelación
El recurso cuestiona distintos aspectos de los fundamentos utilizados por De Marinis. Entre ellos, plantea que la jueza no identificó de manera suficiente qué norma constitucional o convencional habría sido vulnerada, cuestiona la fuerza vinculante otorgada a las Observaciones del Comité de los Derechos del Niño y considera que la aplicación del principio de no regresividad no fue debidamente fundamentada.
Los fiscales también sostienen que el fallo habría confundido conceptos vinculados con responsabilidad penal, proceso y proporcionalidad de la respuesta, además de avanzar sobre competencias propias del Ministerio Público Fiscal y del Poder Legislativo. Otro de los cuestionamientos apunta a una supuesta contradicción entre el análisis realizado sobre la norma en abstracto y la solución adoptada para el caso particular.
En el escrito, la Fiscalía concluyó: “La decisión recurrida que declara la inconstitucionalidad del art. 1 de la Ley 27.801 se apoya en fundamentos aparentes y no constituye derivación razonada del derecho vigente” y sostuvo que, por ese motivo, corresponde su descalificación como acto jurisdiccional válido.
El pedido de apartamiento agrega otra dimensión al conflicto judicial. Ahora será la instancia de revisión la que deberá analizar los planteos formulados contra la resolución de primera instancia y determinar cómo continúa el expediente.
El caso que originó la controversia
La causa involucra a M.I.A., un adolescente de 14 años acusado por una tentativa de robo en flagrancia ocurrida el 10 de septiembre. El joven estaba imputado junto con otras tres personas, pero fue el único que recibió el sobreseimiento a partir de la decisión de De Marinis.
La magistrada había considerado que la aplicación del artículo 1 de la Ley 27.801 resultaba inconstitucional en las circunstancias particulares del expediente. Esa norma establece el nuevo régimen penal juvenil para adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18.
Tras las repercusiones del fallo, el propio juzgado aclaró que “la declaración de inconstitucionalidad efectuada en la resolución se circunscribe exclusivamente a este caso y a este adolescente” y que la decisión “no importa una declaración general de inconstitucionalidad de la ley”.
La resolución judicial generó además cuestionamientos de funcionarios nacionales y porteños. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, expresó a Infobae: “Me parece tremendo. Este tipo de definiciones le hacen daño a la justicia, a las víctimas y atentan contra lo que venimos sosteniendo”. También afirmó: “Estoy en total desacuerdo con esa posición”.
