La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a un acuerdo extraordinario para este viernes a las 9, con el objetivo de avanzar en una causa que cuestiona la derogación de la Ley de Tierras, dispuesta por el presidente Javier Milei mediante el DNU 70/2023. El expediente, impulsado por organizaciones ambientales, comunidades indígenas y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, podría derivar en una medida cautelar que restablezca provisoriamente restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
La convocatoria se produjo después de que el máximo tribunal acelerara los plazos procesales y designara a los camaristas Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci como conjueces, ante las diferencias entre Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti sobre cómo resolver el caso.
La Corte redujo de 72 a 24 horas el plazo para consolidar la integración del tribunal y habilitó días y horas inhábiles para agilizar el trámite.
Un reclamo distinto al de los excombatientes de Malvinas
La presentación fue realizada por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon, y Odarda. Los demandantes sostienen que tienen una legitimación propia para cuestionar la derogación y fundamentan su planteo en la protección ambiental, la biodiversidad y los derechos colectivos de los pueblos originarios sobre sus territorios ancestrales.
El caso se diferencia del reclamo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), que la Corte rechazó recientemente por considerar que no tenía legitimación suficiente para promoverlo. Esa resolución no implicó un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras.
Ahora, el tribunal deberá determinar cómo continúa el nuevo expediente y qué alcance tendrá su intervención. Entre las alternativas figura devolver la causa a los tribunales de origen o avanzar sobre la cautelar solicitada.
La disputa también llega al Congreso
La controversia judicial se desarrolla mientras sectores de la oposición impulsan el debate parlamentario sobre el DNU 70/2023. Una eventual medida cautelar podría modificar el escenario inmediato, aunque no equivaldría por sí misma a una decisión definitiva sobre la validez constitucional de la derogación.
