La Corte Suprema de Justicia dejó firme este jueves el decomiso de $684.990.350.139,86 en la causa Vialidad que involucra a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al empresario Lázaro Báez y al resto de los condenados por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron los últimos recursos presentados por las defensas, consolidando así la etapa de ejecución patrimonial que incluye el avance sobre bienes y futuras subastas.
La Corte rechazó los recursos y confirmó la actualización del decomiso
Con esta resolución, el máximo tribunal ratificó la actualización del monto originalmente fijado por el Tribunal Oral Federal N.º 2, que pasó de $84.835 millones a casi $685.000 millones, tras aplicar la actualización elaborada por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025.
Los magistrados desestimaron, mediante el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, los planteos presentados por la defensa de Cristina Kirchner, que cuestionaba el mecanismo de actualización del decomiso, y también rechazaron el recurso de Lázaro Báez, quien sostenía que esa etapa debía tramitar ante otro tribunal debido a su condena en la causa conocida como “Ruta del Dinero K”.
La resolución deja firme la ejecución patrimonial y habilita al Tribunal Oral Federal N.º 2 a continuar con las medidas necesarias para hacer efectivo el decomiso.
Actualmente, la orden alcanza 111 bienes pertenecientes a los condenados. En ese marco, el tribunal ya inició la tasación de distintas propiedades ubicadas principalmente en Santa Cruz, paso previo a un eventual proceso de remate para recuperar parte del dinero fijado en la sentencia.
La causa Vialidad y los condenados
La investigación judicial determinó la existencia de una maniobra de administración fraudulenta en la adjudicación de 51 obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015, que fueron otorgadas mayoritariamente al Grupo Austral, perteneciente a Lázaro Báez.
El 6 de diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N.º 2 condenó a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta, mientras que fue absuelta por el cargo de asociación ilícita.
Junto a la ex mandataria también fueron condenados Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y otros ex funcionarios con distintas penas de prisión.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó esas condenas en noviembre de 2024 y, posteriormente, el 10 de junio de 2025, la Corte Suprema dejó firme el fallo condenatorio al rechazar los recursos extraordinarios presentados por las defensas.
