La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró este jueves 12 de noviembre de 2026 responsable internacionalmente a la Argentina por la destitución del exjuez de la Corte Suprema Eduardo José Antonio Moliné O’Connor (fallecido en 2014), ocurrida en 2003 mediante un juicio político en el Congreso de la Nación. El tribunal, con sede en San José de Costa Rica, consideró que el proceso vulneró la independencia judicial porque utilizó como fundamento el criterio jurídico expresado por el magistrado en sus decisiones jurisdiccionales. Además, determinó que el Estado violó garantías judiciales, derechos políticos, patrimoniales y laborales, y ordenó una serie de medidas de reparación.
El pronunciamiento tiene una dimensión que excede la situación personal del exmagistrado: vuelve a poner en discusión los límites constitucionales del juicio político y la protección de la independencia de los integrantes del Poder Judicial frente a las mayorías parlamentarias.
El antecedente: la destitución durante el gobierno de Néstor Kirchner
Para comprender el alcance del fallo hay que retroceder a 2003, cuando la Argentina atravesaba un proceso de renovación de la Corte Suprema, en los primeros meses de la presidencia de Néstor Kirchner. Moliné O’Connor era uno de los integrantes del máximo tribunal cuestionados en ese contexto.
La Cámara de Diputados impulsó el juicio político por nueve cargos vinculados con su actuación en distintas causas judiciales y administrativas. Entre los expedientes más relevantes figuraban los casos Meller, Macri y Magariños.
El Senado lo destituyó el 3 de diciembre de 2003, luego de encontrarlo responsable de dos de las imputaciones. Sin embargo, no reunió los votos necesarios para aplicarle la inhabilitación para ocupar cargos públicos. El proceso también estuvo atravesado por un debate institucional sobre la actuación de los jueces de la Corte y los mecanismos de responsabilidad previstos en la Constitución Nacional.
La Corte Interamericana no desconoce que el Congreso tiene atribuciones para remover a los magistrados por mal desempeño. Lo que cuestiona es que se utilice el contenido de sus decisiones jurisdiccionales como fundamento de una sanción política. La independencia judicial protege la posibilidad de resolver causas sin presiones externas, aunque no significa que los jueces estén exentos de responsabilidad por conductas incompatibles con sus funciones.
Las irregularidades del juicio político y las violaciones reconocidas
En su sentencia, el tribunal internacional señaló que distintas decisiones adoptadas durante el procedimiento legislativo carecieron de la fundamentación necesaria. También cuestionó que los órganos judiciales que debían revisar las impugnaciones de Moliné O’Connor no respondieran adecuadamente a los argumentos que había presentado.
Otro aspecto central fue la revocación de la pensión vitalicia que le correspondía por su condición de exjuez de la Corte Suprema. La Corte consideró que esa medida vulneró sus derechos y observó que el proceso judicial iniciado para cuestionarla se prolongó injustificadamente durante más de diez años.
En consecuencia, declaró que la Argentina violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, contemplados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También reconoció afectaciones a los derechos políticos, a la propiedad privada, al trabajo y a la seguridad social, además de un perjuicio al proyecto de vida del exmagistrado.
Qué deberá hacer la Argentina tras la condena
El tribunal estableció que la propia sentencia constituye una forma de reparación, pero también impuso obligaciones concretas al Estado argentino:
- Regularizar el régimen de la pensión que correspondía a Moliné O’Connor, incluidos los derechos que pudieran corresponder a sus beneficiarios.
- Publicar y difundir el fallo y su resumen oficial.
- Pagar las indemnizaciones establecidas por daños materiales e inmateriales, además de las costas y los gastos del proceso.
La reparación económica fue fijada en un total de 655.000 dólares, según los conceptos y la distribución establecidos en la sentencia.
Además, la Corte indicó que las autoridades argentinas deberán interpretar y aplicar el artículo 53 de la Constitución Nacional —que regula el procedimiento de juicio político— de acuerdo con la Convención Americana y los estándares establecidos por la jurisprudencia interamericana.
La decisión fue adoptada por seis integrantes del tribunal. La jueza argentina Verónica Gómez no participó en la tramitación ni en la deliberación del caso, conforme al reglamento de la Corte. Varios magistrados presentaron votos concurrentes y algunos también formularon disidencias parciales.
El fallo no implica una restitución automática en el cargo ni anula por sí mismo la decisión del Senado de 2003. Establece la responsabilidad internacional del Estado y las reparaciones que deberá cumplir.
