El juez federal Daniel Rafecas procesó este lunes a ocho ciudadanos iraníes y libaneses acusados de participar en la organización y ejecución del atentado contra la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires, que dejó 85 muertos y 151 heridos. La resolución, de más de 600 páginas, fue dictada bajo el régimen de juicio en ausencia establecido por la Ley 27.784 y dispuso un embargo de US$500 millones para cada uno de los procesados.
El fallo representa un nuevo avance en una causa que lleva más de tres décadas sin una instancia de juicio oral por el ataque. Según la reconstrucción incorporada a la resolución, la decisión de cometer el atentado fue adoptada en agosto de 1993 por las máximas autoridades del régimen iraní y su ejecución fue encomendada a Hezbollah, que habría desplegado una estructura de apoyo regional y local.
Quiénes fueron procesados
Entre los acusados figuran Alí Fallahijan, exministro de Inteligencia de Irán; Alí Velayati, exministro de Relaciones Exteriores; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria; y Ahmad Vahidi, entonces comandante de la Fuerza Al Quds.
Como cómplices necesarios fueron procesados Hadi Soleimanpour, exembajador iraní en la Argentina; Mohsen Rabbani, exconsejero cultural de la embajada iraní; y Ahmad Asghari, señalado como agente de inteligencia. El octavo procesado es Salman Raouf Salman, también identificado como Samuel El Reda, a quien se le atribuye la coordinación de la etapa final del ataque.
De acuerdo con la resolución, los responsables adquirieron una camioneta Renault Trafic que fue acondicionada y cargada con explosivos antes de ser utilizada para perpetrar el atentado. El juez encuadró los hechos como homicidios y lesiones agravados por odio racial o religioso y por el peligro común, además de daños agravados por motivos discriminatorios. También consideró el ataque como crimen de lesa humanidad y genocidio en los términos del derecho internacional.
La medida también estableció la falta de mérito para Abdallah Salman y Hussein Mouzannar. A su vez, el magistrado no avanzó sobre la situación de otras personas mencionadas en la investigación debido a que fallecieron.
El próximo paso será la revisión de la resolución
El procesamiento todavía puede ser apelado por la defensa oficial. Si la decisión queda firme luego de la revisión en las instancias correspondientes, la causa podrá avanzar hacia un juicio oral y público bajo el régimen de juicio en ausencia.
Desde el Ministerio de Justicia destacaron la dimensión de la resolución y remarcaron que la nueva herramienta procesal permite avanzar pese a que los acusados permanecen fuera del país. En ese sentido, se definió el procesamiento como “un hito en la lucha contra la impunidad” y como “un paso histórico en favor de las 85 víctimas, sus familias y toda la sociedad argentina”.
