La Cámara de Diputados de México aprobó por unanimidad la reforma constitucional que reducirá la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, aunque mantendrá un día obligatorio de descanso por cada seis trabajados. La iniciativa, que ya contaba con el aval del Senado, ahora deberá ser ratificada por al menos 17 congresos estatales para su promulgación.
El dictamen fue aprobado con 469 votos a favor en lo general y 411 en lo particular. De completarse el proceso legislativo, la reforma podría entrar en vigor el próximo 1° de mayo, en coincidencia con el Día Internacional de los Trabajadores.
Cómo será la reducción y qué cambia
La modificación establece una reducción gradual entre 2026 y 2030, con recortes de dos horas por año hasta alcanzar las 40 horas semanales. Durante ese período, las empresas no podrán disminuir sueldos, salarios ni prestaciones.
Además, introduce cambios en el régimen de horas extra. Las horas adicionales deberán pagarse con un 100% más que el valor de la hora ordinaria. El límite semanal pasará de 9 a 12 horas extraordinarias, distribuidas en hasta cuatro horas diarias durante un máximo de cuatro días. También se prohíbe que menores de 18 años realicen trabajo extraordinario.
En caso de incumplimiento, el empleador deberá abonar un 200% adicional sobre el salario correspondiente a las horas ordinarias.
Desde la Cámara de Diputados defendieron la reforma al señalar que prioriza el bienestar sin afectar la productividad. Según el comunicado oficial, la iniciativa busca “reducir la fatiga, reforzar la seguridad y mejorar la salud” de 13,4 millones de trabajadores.
Las críticas: “una simulación” y riesgo de abusos
Pese al respaldo unánime, la oposición y diversos sectores sindicales independientes cuestionaron el alcance real de la reforma.
Rubén Moreira, coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), advirtió que el esquema podría transformarse en un “engaño”, ya que permitiría concentrar la jornada en seis días y ampliar las horas extra en lugar de fomentar nuevas contrataciones.
En la misma línea, organizaciones sindicales alertaron que el diseño aprobado “no reduce de manera efectiva el tiempo de trabajo”, al mantener un esquema de seis días laborados por uno de descanso.
Por su parte, Ángel Castellanos, vocero del Frente Nacional por las 40 Horas, fue más duro y calificó la iniciativa como “una deforma”, al considerar que podría traducirse en más carga laboral sin una mejora proporcional en las condiciones reales.
Los críticos sostienen que el plazo de cinco años para su implementación total brinda margen a las empresas para ajustar operaciones y neutralizar el impacto de la reducción.
