El gobierno de Pedro Sánchez aprobó por decreto una regularización masiva de inmigrantes en España que podría beneficiar a muchas personas.
En un contexto europeo marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias, el gobierno socialista de España avanzó en sentido contrario y aprobó este martes una regularización masiva de inmigrantes en España mediante un real decreto, una herramienta legal que no requiere la aprobación del Congreso.
Según estimaciones oficiales, la medida podría beneficiar a cerca de medio millón de personas, en su mayoría inmigrantes latinoamericanos, y representa una de las decisiones más relevantes en materia migratoria de los últimos años.
A quiénes alcanza la regularización
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, explicó que podrán acceder a la regularización quienes se encuentren en España desde hace al menos cinco meses, hayan ingresado antes del 31 de diciembre de 2025 y no cuenten con antecedentes penales.
El proceso se iniciará en abril y se extenderá hasta el 30 de junio. Una vez regularizados, los beneficiarios podrán trabajar legalmente en cualquier sector y en cualquier punto del país.
En el caso de los ciudadanos argentinos, las cifras oficiales indican que hay alrededor de 415.000 residentes en España, de los cuales el 44% posee doble nacionalidad. Los argentinos en situación irregular representan una minoría dentro de ese total.
El argumento económico y social del Ejecutivo
Desde el Gobierno remarcaron que la regularización masiva de inmigrantes en España responde tanto a una cuestión de derechos humanos como a una necesidad económica y demográfica.
“Hoy es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en derechos humanos, integración y cohesión social”, afirmó Saiz en conferencia de prensa.
Pedro Sánchez, por su parte, sostuvo que el 80% del crecimiento económico de España en los últimos seis años y el 10% de los ingresos de la seguridad social se explican por el aporte de la población migrante. Además, el Ejecutivo busca contrarrestar el envejecimiento poblacional, en un país donde los nacimientos cayeron más de un 25% desde 2014.
Actualmente, España cuenta con 49,4 millones de habitantes, de los cuales 7,1 millones son extranjeros. Al inicio de 2025, se estimaba que unos 840.000 inmigrantes vivían en situación irregular, en su mayoría provenientes de América Latina.
Fuerte rechazo de la oposición
La decisión generó duros cuestionamientos desde la derecha y la extrema derecha. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que “en la España socialista, la ilegalidad se premia” y acusó al Gobierno de utilizar la medida para desviar la atención de otros problemas internos.
Desde Vox, Santiago Abascal fue aún más crítico y denunció que el decreto promueve un “efecto llamada” y una “invasión”, en un mensaje que profundizó la polarización política.
Apoyo de sectores sociales y antecedentes
En contrapartida, organizaciones sociales, colectivos migrantes y la Iglesia católica celebraron la iniciativa y la definieron como un acto de justicia social largamente esperado.
La última experiencia similar ocurrió en 2005, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando España llevó adelante la última gran regularización masiva de inmigrantes en España, un antecedente que vuelve a cobrar relevancia en el actual debate político y social.
