Chile acaba de protagonizar el decomiso de drogas más grande de su historia, y la magnitud del hallazgo sacude los cimientos de lo que creíamos saber sobre el narcotráfico en el Cono Sur. En un operativo que se extendió durante seis meses, las autoridades interceptaron más de 100 toneladas de clorhidrato de cocaína y ketamina ocultas en 1.080 toneladas de madera procedente de Bolivia, distribuidas en 45 contenedores. No se trató de droga escondida entre tablas ni disimulada en dobles fondos: los narcotraficantes extrajeron la humedad natural de la madera y la reemplazaron con droga líquida, incorporándose molecularmente a la estructura del material, invisible a simple vista y detectable únicamente mediante análisis forense de laboratorio. El fiscal Mario Carrera, de la región de Arica y Parinacota, describió el método como uno de los más sofisticados jamás registrados en el país.
El golpe fue simultáneo y coordinado en tres frentes. Los puertos de Arica, Valparaíso y San Antonio, los principales nodos de exportación del Pacífico chilenos fueron intervenidos al mismo tiempo, lo que revela tanto la escala de la organización criminal como la inteligencia acumulada por las agencias durante meses de trabajo. La droga tenía destinos en Alemania, Bélgica, Francia, España, Italia, Estados Unidos, México y Reino Unido, entre otros mercados. De haber llegado a destino, las ganancias proyectadas hubieran superado los 8.300 millones de dólares solo en Europa. La madera provenía principalmente de Pando, en la frontera boliviana con Brasil y Perú, aunque también se identificaron envíos desde Santa Cruz y Cochabamba. Chile no era el destino sino la plataforma logística.
Este decomiso no ocurre en un vacío. Apenas trece días antes, el 28 de mayo de 2026, Chile fue escenario de la firma del Compromiso de Santiago, un acuerdo suscrito por Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y el propio Chile para coordinar la lucha regional contra el crimen organizado transnacional. El canciller chileno Francisco Pérez Mackenna encabezó una reunión de alto nivel con cancilleres y ministros de Seguridad de los cinco países, quienes acordaron elaborar un plan de acción conjunto con metas medibles y una revisión de avances en 180 días, con sede en Buenos Aires. El acuerdo, que se inscribe en el marco más amplio del Escudo de las Américas impulsado por Washington en marzo de este año, parte de una premisa concreta: ningún Estado puede enfrentar solo a organizaciones que operan sin fronteras.
La proximidad entre la firma del Compromiso de Santiago y el mayor decomiso de la historia chilena instala una pregunta inevitable sobre la eficacia futura del acuerdo. La ironía no es menor: Bolivia, país de origen de los cargamentos incautados, es al mismo tiempo uno de los signatarios del pacto regional. Las autoridades bolivianas, por su parte, no han informado hasta ahora avances en la identificación de la organización criminal que operó desde su territorio. La técnica de impregnación química en madera demuestra que el crimen organizado transnacional innova más rápido que los controles aduaneros convencionales. El desafío para los cinco países firmantes es convertir la declaración de Santiago en herramientas operativas concretas, antes de que aparezca el próximo cargamento.
