El mandatario explicó que la Ley Antifacciones busca dotar al Estado de nuevas herramientas legales, financieras y policiales para desmantelar las estructuras criminales que operan en el país. El texto se finalizó el viernes por la tarde (31) en una reunión en la que participaron los ministros Ricardo Lewandowski (Justicia y Seguridad), José Múcio (Defensa), Jorge Messias (Abogado Geneneral de la Unión) y Sidônio Palmeira (Secretario de Comunicación Social).
Uno de los puntos de la propuesta es la creación de empresas jurídicas ficticias para infiltrarse en el crimen organizado con el objetivo de recopilar información sobre el flujo operativo de la facción objeto de la investigación.
El proyecto también propone el monitoreo de las conversaciones entre presos y abogados. Esto ya existe en las cinco prisiones federales de Brasil, pero la idea es ampliarlo a todas las penitenciarías del país cuando haya indicios de participación en delitos por parte de los líderes que pasan información fuera de la prisión.
El texto también prevé la creación de una base de datos nacional de organizaciones criminales, que incluiría los nombres de todos los miembros de las facciones repartidas por Brasil, tanto dentro como fuera de las prisiones.
“He firmado y envío hoy al Congreso Nacional el Proyecto de Ley Antifacciones, redactado por el Gobierno brasileño, que aumenta las penas hasta 30 años para quienes pertenecen a bandas criminales que dominan muchos barrios y comunidades”, expresó Lula en un comunicado oficial.
El texto también prevé la desarticulación financiera de las organizaciones delictivas, con la posibilidad de confiscar bienes y bloquear cuentas bancarias utilizadas para lavar dinero o financiar actividades ilícitas.
“El proyecto crea mecanismos que incrementan el poder del Estado y de las fuerzas policiales para investigar y desarticular financieramente a las facciones criminales. Además, proporciona instrumentos que protegen a las instituciones públicas de las acciones de los miembros de este tipo de organizaciones criminales”, precisó el presidente.
Complemento a la “Enmienda de Seguridad Pública”
Lula recordó que esta iniciativa complementa la Enmienda de Seguridad Pública, presentada por su Gobierno en abril, que promueve una coordinación integral entre agencias federales, estatales y municipales.
“Las facciones solo serán derrotadas mediante el esfuerzo conjunto de todas las esferas de poder. Las diferencias políticas no pueden ser un pretexto para no avanzar”, advirtió el mandatario.
El proyecto busca así superar las tensiones entre las fuerzas de seguridad locales y el Gobierno federal, que históricamente obstaculizaron los operativos en las zonas más peligrosas del país.
“Confío en el compromiso de los parlamentarios para la pronta tramitación y aprobación de estos proyectos. Las familias brasileñas merecen esta dedicación”, concluyó Lula.
Contexto: violencia y narcotráfico en Río de Janeiro
El anuncio llega en un momento crítico. Río de Janeiro vive una ola de violencia provocada por disputas entre facciones criminales, que paralizó parte de la ciudad y obligó al despliegue de miles de efectivos de la Policía Federal, el Ejército y la Guardia Nacional.
El megaoperativo coordinado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública dejó decenas de detenidos y apuntó a grupos vinculados al Comando Vermelho y al Primeiro Comando da Capital (PCC), las dos principales organizaciones criminales de Brasil.
Según fuentes oficiales, el objetivo de las acciones fue restablecer el control estatal en barrios donde las facciones imponen sus propias reglas y extorsionan a los vecinos mediante la violencia.
Una estrategia política y de seguridad
La Ley Antifacción no solo representa una medida judicial, sino también una apuesta política de Lula da Silva para recuperar el liderazgo en materia de seguridad pública, un terreno históricamente explotado por sus adversarios.
El Gobierno busca mostrar resultados concretos ante una población que reclama respuestas frente al aumento de la criminalidad y la presencia del narcotráfico en grandes centros urbanos.
En ese marco, el presidente subrayó que la lucha contra el crimen no puede estar sujeta a diferencias partidarias:
“Las familias brasileñas merecen esta dedicación. No se trata de una bandera política, sino de proteger la vida de nuestro pueblo”.
