El Gobierno Nacional decidió prorrogar por única vez y por un año el plazo para adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, en línea con el artículo 168 de la Ley Bases. La extensión regirá a partir del 8 de julio de 2026 y apunta a acompañar la maduración de proyectos de gran escala que requieren plazos más largos para su estructuración.
El ministro de economía Luis Caputo dijo que “Incorporamos nuevos desarrollos en petróleo y gas con un piso de inversión de USD 600 millones y ordenamos la reglamentación para facilitar la implementación y dar mayor previsibilidad“.
El presidente Javier Milei contestó por su red social: “TREMENDO ANUNCIO. MAGA. Fin.”
Desde el Ejecutivo señalaron que el objetivo es acelerar inversiones estratégicas que impulsen la producción y fortalezcan el perfil exportador argentino.
El decreto introduce cambios para simplificar la implementación del régimen y reducir márgenes de interpretación. En primer lugar, actualiza definiciones para precisar qué tipo de proyectos califican, con el fin de asegurar que los beneficios se apliquen exclusivamente a inversiones nuevas y significativas.
Además, redefine el concepto de “nuevo producto” para contemplar las particularidades del sector tecnológico, donde los ciclos de innovación son más breves y los cambios no siempre implican mayor volumen de producción.
También se establecen reglas más claras para empresas ya radicadas en el país que deseen adherir ampliaciones relevantes. El texto enfatiza que los incentivos deberán aplicarse solo sobre la nueva inversión y no sobre operaciones preexistentes, reforzando mecanismos de separación y trazabilidad dentro de las estructuras empresariales.
En materia de importaciones vinculadas a los proyectos, el decreto precisa qué bienes pueden ingresar bajo el régimen, qué uso deben tener y qué documentación será exigida, con el objetivo de fortalecer los controles y evitar desvíos.
Resultados y proyección
Según datos oficiales, desde su reglamentación operativa el RIGI ya aprobó 10 proyectos por un total de USD 25.479 millones. El Gobierno interpreta estos números como una señal de confianza del sector privado.
En ese marco, desde el Ejecutivo sostienen que el régimen forma parte de un cambio estructural en el modelo económico. “Cuando hay reglas claras, estabilidad y previsibilidad, la inversión privada llega”, señalan desde el entorno oficial.
Y agregan que el RIGI busca consolidar un esquema donde “el sector privado invierte, produce, exporta y genera empleo”.
