La CONMEBOL confirmó este jueves la descalificación del Club Atlético Independiente de la Copa Sudamericana 2025, otorgándole el pase a cuartos de final a Universidad de Chile. Las sanciones incluyen la obligación de jugar los próximos 7 partidos como local a puertas cerradas y otros 7 como visitante sin público propio, además de multas económicas que superan los 250.000 dólares.
La resolución del ente rector del fútbol sudamericano llega tras los graves incidentes del 20 de agosto en el estadio Libertadores de América de Avellaneda, donde debía definirse el pase a cuartos de final del torneo continental. Si bien la lógica indicaba que ambos equipos deberían haber sido sancionados por la barbarie vivida esa noche, la CONMEBOL priorizó los intereses comerciales y la continuidad del certamen, determinando que Universidad de Chile avance a la siguiente instancia donde enfrentará a Alianza Lima. De esta manera, no se pierden dos importantes partidos en la llave de cuartos de final.
La decisión de CONMEBOL de permitir que Universidad de Chile avance a cuartos de final, pese a la responsabilidad compartida en los incidentes, evidencia que primó el interés comercial. Era necesario que hubiera partido de cuartos de final, y el organismo encontró en Independiente, como organizador del encuentro, al máximo responsable.
Pero mas allá de la lógica del fallo, la responsabilidad absoluta de este desenlace recae sobre Néstor Grindetti y su comisión directiva. Grindetti, actual presidente de Independiente desde abril de 2023 tras la renuncia de Fabián Doman, tomó decisiones incomprensibles para la organización del encuentro que denotaron un profundo desconocimiento incluso del folklore futbolístico.
En una medida sin precedentes para un club grande del fútbol argentino, la dirigencia del Rojo otorgó a Universidad de Chile una tribuna completa, muchas más entradas de las que el equipo chileno había proporcionado en el partido de ida en Santiago. Esta decisión imposibilitó colocar los tradicionales “pulmones” de seguridad a los costados de la parcialidad visitante y, más grave aún, no se instalaron alambrados de contención debajo de la tribuna ocupada por los chilenos. Cuando un equipo debiera querer restringir al máximo el público visitante, incluso por la ventaja deportiva que eso supone, Grindetti priorizó el negocio y vendió entradas de más.
El operativo de seguridad contó con la participación de Cristian Ritondo, ex ministro de Seguridad bonaerense y actual diputado del PRO, quien también forma parte de la dirigencia del club. En un enfrentamiento de poder con la policía de la provincia de Buenos Aires, especialmente tras los incidentes en aquel recordado partido contra Boca, se decidió que las fuerzas de seguridad no ingresaran al estadio, dejando todo en manos de una empresa de seguridad privada que resultó absolutamente insuficiente para contener los disturbios.
El operativo contemplaba 650 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el perímetro externo y apenas 150 agentes de seguridad privada en el interior del estadio. Esta distribución resultó completamente inadecuada cuando comenzaron los incidentes, que se extendieron durante casi cinco horas sin una intervención efectiva.
Uno de los aspectos más escandalosos fue la evidente connivencia con la barra de Independiente, a la cual se le permitió recorrer 400 metros desde una tribuna hacia la zona de los hinchas chilenos para exigir la ropa de los simpatizantes visitantes, que posteriormente fue exhibida colgada desde los alambrados. Los disturbios comenzaron con hinchas de Universidad de Chile arrojando objetos y destrozando el estadio, pero todo se desmadró con la aparición de la barra local.
La impericia dirigencial quedó expuesta en cada decisión tomada esa noche. Desde las 19 horas, cuando comenzaron los primeros incidentes protagonizados por hinchas de Universidad de Chile, hasta la cancelación definitiva del partido, la organización nunca estuvo a la altura de las circunstancias. El fiscal del caso, Mariano Zitto, consideró que la seguridad interna del estadio “resultó insuficiente para contener los disturbios” y que no se observó coordinación efectiva entre la seguridad privada y la Policía Bonaerense.
CONMEBOL había informado que la cancelación del partido se debió a “la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad”. Esta determinación oficial confirma la responsabilidad primaria de la dirigencia encabezada por Grindetti, quien en sus descargos intentó responsabilizar exclusivamente a los hinchas chilenos, argumento que no convenció al tribunal disciplinario.
Mas allá de todo, la decisión de CONMEBOL de no eliminar a ambos equipos envía un mensaje preocupante sobre el manejo de la violencia en el fútbol sudamericano. Al permitir que Universidad de Chile continúe en el torneo, el organismo justifica parcialmente la violencia de esa noche en Avellaneda, priorizando la continuidad del negocio televisivo por sobre un castigo ejemplar que podría haber marcado un precedente importante.
La dirigencia de Independiente, que llegó al poder tras una elección donde el presidente electo renunció a los cuatro meses y uno de los vicepresidentes también abandonó el cargo, demostró no estar a la altura de administrar una institución de la magnitud del Rey de Copas. La mezcla de intereses políticos con la gestión deportiva, poniendo cuestiones personales por encima de las institucionales, derivó en esta tragedia evitada de casualidad.
Si bien muchos medios con intereses cruzados evitarán profundizar en las responsabilidades de Grindetti y su comisión directiva, focalizándose en debates sobre si el fallo fue justo o no, la realidad es que el presidente de Independiente no podrá escapar del enojo de sus propios hinchas. Un enojo que, aunque inicialmente se dirija hacia CONMEBOL, con el correr de los partidos y ante un equipo que no arranca deportivamente, inevitablemente recaerá sobre una dirigencia que mostró impericia, desconocimiento y negligencia en uno de los momentos más críticos de la historia reciente del club.
El destino evitó que se lamentaran víctimas fatales esa noche en Avellaneda. De haber ocurrido una tragedia, las responsabilidades penales se sumarían a las deportivas e institucionales. Aun así, el daño ya está hecho: Independiente quedó eliminado por escritorio, deberá jugar 14 partidos sin su público y carga con una mancha internacional que tardará años en borrar. Todo por una dirigencia que miró para el costado mientras el desastre se desarrollaba ante sus ojos.
