La iniciativa, que obtuvo media sanción en el Senado, eleva gradualmente los cortes obligatorios y propone un nuevo esquema de comercialización. Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, pidió que avance antes de fin de año.
El proyecto llegó a la Cámara de Diputados
La reforma integral del régimen de biocombustibles ya ingresó a la Cámara de Diputados, donde comenzará una nueva etapa de análisis luego de la media sanción obtenida en el Senado el pasado 17 de septiembre. El expediente CD-76/26, que regula las actividades de elaboración, almacenaje, comercialización, mezcla y autoconsumo de biocombustibles en todo el territorio nacional, fue girado a las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda, que deberán analizar el texto antes de que pueda llegar al recinto.
La iniciativa fue aprobada en la Cámara alta por 41 votos a favor y 25 en contra, después de un extenso debate y de la incorporación de modificaciones consensuadas entre el oficialismo y sectores de la oposición. El texto final reunió aportes de distintos proyectos que habían sido presentados por senadores de diferentes bloques y provincias. Entre los principales cambios se encuentra la modificación progresiva de los porcentajes de corte obligatorio y la creación de nuevas reglas para la comercialización de biocombustibles.
Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), destacó que la media sanción fue resultado de un trabajo que involucró a distintos actores de la cadena agroindustrial y a representantes políticos de las provincias productivas. “Los biocombustibles hoy van a ser la respuesta al crecimiento de la producción agropecuaria y agrícola que vemos en el escenario de cosecha gruesa”, aseguró, al destacar el vínculo entre la expansión de la producción agrícola y la necesidad de ampliar las posibilidades de transformación industrial de esas materias primas.
Un nuevo marco regulatorio por 15 años
El proyecto establece un nuevo régimen con una vigencia de 15 años y declara de interés público las actividades relacionadas con los biocombustibles, en función de su aporte a la seguridad energética y a la transición hacia fuentes de energía de menores emisiones. La autoridad de aplicación será la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, que tendrá a su cargo la implementación y fiscalización del nuevo esquema.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa está relacionado con los porcentajes mínimos obligatorios de mezcla. Para el gasoil, el proyecto mantiene inicialmente un corte obligatorio de 7,5% de biodiésel, que pasaría al 10% a los doce meses de la sanción de la ley. En el caso de las naftas, el porcentaje obligatorio de bioetanol subiría del 12% al 15% después de un año.
El texto, además, preserva un piso del 6% para el bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar y otro 6% para el producido con maíz, mientras que el porcentaje restante podrá ser abastecido con otras materias primas autorizadas.
Para Idígoras, alcanzar esos nuevos porcentajes representa uno de los principales objetivos del sector. El dirigente había planteado antes de la votación que “es prioritario que haya ley para tener un corte de biodiésel del 10% el año que viene”, en un contexto en el que también había advertido sobre el nivel de utilización de la capacidad instalada de la industria.
Mercado electrónico y mayor libertad para las mezclas
Otro de los cambios propuestos es la creación de un sistema de comercialización basado en un mercado electrónico de acceso público, donde elaboradores y mezcladores podrán negociar precios y volúmenes mediante mecanismos transparentes. El esquema contempla la participación de un organismo independiente para administrar ese mercado y también habilita la celebración de contratos a término para garantizar el abastecimiento destinado al cumplimiento de los cortes obligatorios.
La iniciativa permite, además, utilizar porcentajes de mezcla superiores a los mínimos establecidos. También promueve la incorporación de vehículos flex fuel, contempla la posibilidad de inyectar biometano en la red de gasoductos y libera la comercialización del combustible sostenible de aviación, conocido como SAF o Biojet.
Otro de los puntos previstos es la posibilidad de importar biocombustibles cuando sean necesarios para mezclas superiores a las obligatorias o ante eventuales faltantes de abastecimiento interno.
El proyecto también introduce modificaciones en materia tributaria. Mantiene la exención del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono para los biocombustibles habilitados, mientras que en las mezclas el componente alcanzado por esos tributos será la porción fósil. A su vez, propone derogar la actual Ley 27.640 y establece un período de transición para el mercado de biodiésel que se extendería hasta el 1° de enero de 2036.
El régimen aprobado por el Senado reemplazaría así el esquema actualmente vigente.
Idígoras: “Necesitamos una alternativa local”
Durante la entrevista, Idígoras puso el foco en la posibilidad de que el mayor uso de biocombustibles genere una demanda adicional para las materias primas agrícolas. El titular de CIARA-CEC cuestionó los argumentos que plantean una eventual competencia entre biocombustibles y alimentos y sostuvo que la industrialización genera, a su vez, subproductos destinados a la alimentación animal.
“Cuando uno tiene una demanda adicional, los productos derivados de los biocombustibles son todos productos que van a alimentación animal o humana”, afirmó. En el caso del maíz mencionó a la burlanda y, para la soja, a la harina. “La primera exportación de la Argentina es harina de soja. Por lo tanto, más cortes obligatorios de biocombustibles en Argentina de biodiésel aumentan el volumen de exportación de harina”, agregó.
El dirigente consideró que el aumento del uso interno de biocombustibles también puede contribuir a generar una mayor demanda para la producción agrícola argentina. En ese sentido, planteó una comparación con Brasil y Estados Unidos, donde, según explicó, el mercado interno de biocombustibles forma parte de las variables que inciden en las decisiones productivas.
“En Argentina no es así, porque hoy tenemos una ley soviética que solamente beneficia a unos pocos empresarios y no al consumidor de gasoil”, sostuvo, en una crítica al régimen vigente.
En su planteo, Idígoras vinculó la discusión regulatoria con el costo de los combustibles y con la necesidad de contar con fuentes energéticas producidas localmente. “El precio del gasoil sigue subiendo. Tenemos que dar una alternativa local, renovable, que está al alcance de nuestra mano, que es transformar el maíz, la caña de azúcar y la soja en biocombustibles”, afirmó.
Una discusión que excede al sector energético
La discusión sobre el nuevo régimen tiene impacto sobre distintas cadenas productivas, particularmente aquellas vinculadas con el maíz, la soja y la caña de azúcar. El aumento de los cortes obligatorios puede ampliar el mercado interno para materias primas agrícolas y para las industrias que las transforman, mientras que el nuevo esquema de comercialización busca modificar la forma en que se determinan precios y volúmenes dentro del mercado de biocombustibles.
En paralelo, la posibilidad de autorizar cortes superiores a los mínimos obligatorios abre la puerta a una utilización más amplia de los biocombustibles en el mercado interno. El proyecto también incorpora nuevas alternativas vinculadas con la transición energética, como el biometano y el combustible sostenible de aviación.
De esta manera, el debate legislativo no se limita al porcentaje de biodiésel o bioetanol que deberá mezclarse con los combustibles fósiles, sino que propone establecer un marco regulatorio para distintas fuentes de energía de origen renovable.
Durante el tratamiento en el Senado, el proyecto recibió modificaciones respecto de la versión inicialmente planteada y sumó aportes de diferentes iniciativas legislativas. La aprobación en general fue por 41 votos contra 25, y luego se votaron en particular los distintos artículos del texto.
La agroindustria mira ahora a Diputados
Para el sector agroindustrial, el paso siguiente estará en la Cámara baja. Idígoras destacó el trabajo desarrollado con legisladores, entidades productoras y bolsas de cereales para explicar el impacto de la reforma y señaló que existe una visión compartida entre distintos actores.
“Estuvimos trabajando junto a la Fundación Barbechando, con entidades productoras, y con todas las bolsas. Hay una visión común y compartida”, explicó.
El titular de CIARA-CEC también advirtió sobre los tiempos legislativos y la posibilidad de que modificaciones en Diputados obliguen al proyecto a regresar al Senado. “Para nosotros es muy importante no tocar la ley, porque si tocan la ley tiene que volver al Senado. El año que viene ya es un año electoral”, señaló.
Su planteo apunta a que el Congreso pueda completar el tratamiento durante 2026 y evitar que el debate se extienda hacia un período en el que el calendario electoral podría modificar las prioridades parlamentarias.
Para Idígoras, la expectativa está puesta en que el proceso legislativo permita establecer un nuevo marco que acompañe el crecimiento de la producción agropecuaria y genere mayor demanda interna para las materias primas.
“Los biocombustibles hoy van a ser la respuesta al crecimiento de la producción agropecuaria y agrícola”, insistió.
El desafío para el Congreso será ahora definir el texto definitivo de una regulación que, de aprobarse, modificaría durante los próximos 15 años las reglas de producción, comercialización, mezcla y utilización de biocombustibles en la Argentina.
