La nota anterior planteaba que el problema estaba en la educación. Ahora sostenemos que la solución también debe buscarse en ella.
Recuperando algunos de los conceptos que desarrollamos, señalamos que hay muy pocos docentes de carrera y que no se incentiva el estudio para formar educadores, mientras que sí se promueve la incorporación de agentes a las fuerzas de seguridad. También advertimos que la formación docente es extensa, que carece de suficientes prácticas y residencias rentadas y que, muchas veces, los educadores cobran su primer sueldo después de haber trabajado durante tres meses. Reciben entonces todo el dinero junto, sin actualización por inflación y, en algunos casos, deben incluso pagar el impuesto a las ganancias por tratarse de un monto acumulado correspondiente al trimestre.
Ante este panorama, muchos de los pocos estudiantes que ingresaron a las carreras docentes, incluso aquellos que tenían verdadera vocación, comenzaron a preguntarse si realmente les convenía estudiar para ser maestros o profesores. Reconsideraron sus decisiones y varios optaron por otras orientaciones. Así, quedaron muy pocos. También hubo quienes encontraron en la docencia una posibilidad de alcanzar cierta estabilidad laboral, aunque no necesariamente tuvieran vocación, entusiasmo, iniciativa o verdadero interés por la tarea.
Lo que queda claro es que hay pocos estudiantes que quieren ser docentes y que, en consecuencia, muchos cargos podrían quedar sin cubrir.
Frente a esta realidad, debemos pensar cómo retener e incentivar a quienes eligen las carreras de formación docente en todos los niveles. No hay otro camino que aumentar el presupuesto, garantizar financiamiento, otorgar becas e incentivos, promover estas carreras y, fundamentalmente, mejorar mucho los salarios.
Pero a este diagnóstico debemos sumarle un aspecto que suele quedar relegado o naturalizado: las condiciones en las que trabaja un maestro o un profesor.
En las últimas semanas tomó relevancia el caso de Nancy Godoy, una docente que trabajaba en una escuela rural en condiciones laborales pésimas y humillantes. Se animó a reclamar que los organismos de gobierno intervinieran y tomaran medidas. La respuesta a ese pedido, tan legítimo como necesario, terminó en un desenlace trágico: su muerte. El ambiente de trabajo que describió era propio de un feudo, con desamparo y desprotección absolutos.
El caso tuvo una fuerte repercusión mediática, pero muchos medios lo abordaron principalmente como un asesinato o un femicidio. Pocos se detuvieron a preguntar qué condiciones y circunstancias originaron los acontecimientos que llevaron al fatal desenlace de Nancy. Y una parte de la respuesta está en las condiciones en las que los docentes damos clase.
Lo ocurrido en Corrientes puede considerarse un caso extremo, pero muchas de esas condiciones se repiten en escuelas de todo el país. Pensemos en algo que hoy parece básico: cualquier oficina gubernamental, emprendimiento privado o incluso pequeño negocio cuenta con una estufa o un equipo de aire acondicionado. Sin embargo, en las escuelas, tanto de las provincias más pobres como de las ciudades más ricas, esos recursos muchas veces no existen.
Imaginemos un aula con treinta chicos durante las numerosas jornadas de temperaturas extremas, sin aire acondicionado ni condiciones adecuadas para enseñar y aprender. A esto se suman instalaciones sanitarias deficientes, presencia de ratas y hasta casos de aparición de escorpiones.
Pero las dificultades no terminan en la infraestructura. También hay que considerar la situación social y económica de los alumnos: mala nutrición, enfermedades, escaso control sanitario, familias golpeadas por sucesivas crisis, chicos en situación de calle y problemas psicocognitivos y socioemocionales muy difíciles de abordar.
Para atender buena parte de estas situaciones existían las escuelas de modalidad especial, dedicadas específicamente a trabajar con estudiantes que requerían acompañamientos particulares. Hoy esa modalidad está cada vez más reducida, en parte por el achicamiento presupuestario y en parte por la implementación de un nuevo paradigma de inclusión, cuya aplicación merece un debate amplio y profundo.
Todos estos problemas terminan desembocando en el último —y muchas veces único— lugar al que llega el Estado: la escuela. Esa institución que antes expulsaba al estudiante que consideraba «anormal», diferente o problemático, ahora debe incluirlo y trabajar con esas realidades. La idea de la inclusión es buena; lo que debe discutirse es cómo se lleva adelante y cómo se impone.
Para finalizar, y volviendo a las condiciones laborales, debemos recordar que varios políticos, cuando les convino por distintos intereses, alimentaron el estereotipo del docente vago, que vive de licencia, que pretende sacar ventajas, que tiene tres meses de vacaciones, que es burro y hasta feo, como alguna vez llegaron a decir. De esa manera, construyeron la imagen de un enemigo de la sociedad. Paradójicamente, ese supuesto enemigo es quien tiene a su cargo la educación de sus hijos y, en muchos casos, pasa con ellos más horas por día que las que comparten con sus propias familias.
Esa construcción discursiva también alentó actitudes agresivas de padres que llegaron a creerse con derecho a maltratar a docentes, auxiliares y directivos. En algunas escuelas de gestión privada, incluso, hubo familias que interpretaron que el hecho de pagar una cuota les otorgaba permiso para faltarle el respeto al maestro o al profesor.
Si el problema está en la educación, la solución también debe buscarse allí. Y esa solución exige, si realmente existe voluntad de resolver la crisis, comenzar por un diagnóstico serio y realista, no por evaluaciones tendenciosas o parciales que dibujen una realidad conveniente.
Hace falta una gran mesa de diálogo en la que funcionarios, docentes, sindicatos con representatividad real, familias y especialistas en educación puedan pensar, reflexionar y proyectar los pasos necesarios para resolver los problemas. Ese será el camino para que los jóvenes puedan construir un proyecto de vida y para que la Nación tenga un proyecto de país que contemple todas las condiciones que explican la crisis educativa.
Una parte fundamental de la solución dependerá de que el Estado nacional quiera formar ciudadanos con conocimientos y garantizar trayectorias educativas de calidad. Habrá que preguntarse si realmente quiere hacerlo o si le conviene, de acuerdo con el proyecto político que impulsa. Lo que resulta indiscutible es que el Estado debe asumir su responsabilidad, cumplir las leyes, financiar integralmente el sistema educativo y mejorar las condiciones laborales de los docentes.
Si el problema es la educación, la solución también debe estar en la educación. Pero no se le puede pedir que resuelva por sí sola los problemas sociales, emocionales, económicos, estructurales y morales de toda una sociedad. Esa solución se construye sobre la base del diálogo, el consenso y la paz, principios que forman parte de la tarea cotidiana de la mayoría de las instituciones educativas.
Lamentablemente, hoy ese camino se ve interrumpido y contradicho por discursos de violencia, frivolidad, odio y exclusión que provienen, precisamente, de quienes deberían dar el ejemplo.





