El juez federal Sebastián Casanello procesó este lunes a Ariel De Vicentis, jefe de seguridad de Nordelta, por su presunta colaboración con los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, investigados en la causa por el supuesto pago de coimas entre la droguería Suizo Argentina y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Según la investigación, De Vicentis habría demorado deliberadamente el ingreso de la Policía de la Ciudad al complejo privado con el objetivo de dar tiempo a los empresarios para eludir a la Justicia. Al llegar al domicilio de Jonathan Kovalivker, los agentes hallaron únicamente cajas fuertes abiertas y vacías, mientras que a su hermano Emmanuel lo interceptaron cuando salía del country La Isla con 266.000 dólares y 7.000.000 de pesos en sobres.
El magistrado procesó al jefe de seguridad por los delitos de “desobediencia a la autoridad, estorbo de un acto funcional y encubrimiento“, dictando un embargo de dos millones de pesos aunque sin prisión preventiva. La resolución judicial señala que De Vicentis desplegó “maniobras dirigidas a crear un escenario de confusión y resistencia para obstaculizar la orden judicial”, lo que frustró “una parte crucial del procedimiento: la requisa personal y el secuestro del teléfono de Jonathan Simón Kovalivker”.
Los investigadores detectaron en los celulares de De Vicentis mensajes comprometedores, donde instruía a los guardias de seguridad a no colaborar con las fuerzas de seguridad en caso de allanamientos. En uno de los chats de WhatsApp, llegó a escribir: “Reitero, sea la fuerza de seguridad que fuere, nosotros no tenemos que facilitarle el camino a ninguno”.
El procesamiento destaca que, pese a encontrarse de vacaciones el día del operativo, De Vicentis intervino de manera activa. Insistió en comunicarse con los guardias, a quienes se les había ordenado no usar sus teléfonos hasta el fin del allanamiento, hasta que logró obtener la información de que la policía buscaba a los hermanos Kovalivker.
De Vicentis, ex agente de la Policía Federal Argentina y jefe de seguridad de Nordelta desde hace once años, se presentó en los tribunales de Comodoro Py para declarar, entregó sus celulares con las claves y respondió preguntas del juez. Sin embargo, no logró justificar por qué participó en el procedimiento si estaba fuera de funciones.
El caso lo coloca ahora en el centro de una investigación que no solo apunta a la presunta red de sobornos entre la droguería y la Agencia Nacional de Discapacidad, sino también a las maniobras de encubrimiento dentro del exclusivo complejo privado Nordelta.
