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Milei ordenó retirar al Estado como querellante en la causa del megacrédito del FMI contra Macri y Caputo

El Gobierno nacional oficializó una decisión de fuerte impacto político y judicial: mediante el Decreto 87/2026, el presidente Javier Milei instruyó a la Procuración del Tesoro de la Nación a cesar su rol de querellante en la causa que investigaba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional durante la gestión de Mauricio Macri.

La medida fue publicada en un suplemento del Boletín Oficial y alcanza al expediente caratulado “Macri, Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”, en el que también habían sido mencionados exfuncionarios como Federico Sturzenegger y Luis Caputo, en relación con el llamado “megacrédito” otorgado por el FMI, que implicó desembolsos por cerca de 45.000 millones de dólares.

La decisión presidencial se conoció pocos días después de que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 5 resolviera archivar la causa, al considerar que los hechos denunciados no configuraban delitos penales sino decisiones de política económica tomadas en el marco de las facultades del Poder Ejecutivo.

Los fundamentos del decreto y el rol del Ministerio Público

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo sostuvo que la Procuración del Tesoro no está especializada en litigios penales complejos y que su intervención en este tipo de causas resulta excepcional. En ese sentido, recordó que la titularidad de la acción penal corresponde constitucionalmente al Ministerio Público Fiscal, órgano independiente y con recursos técnicos específicos para investigar delitos de acción pública.

El texto oficial remarca que continuar con la querella podía implicar superposición de funciones y un uso ineficiente de los recursos del Estado. Además, subraya que la Justicia ya concluyó que las denuncias respondían a discrepancias políticas y económicas, no a conductas penalmente reprochables.

Desde la Casa Rosada aclararon que el retiro de la querella no significa que el Estado renuncie a eventuales reclamos por daños y perjuicios. La acción civil, explicaron, podrá continuar por las vías procesales correspondientes si surgieran elementos que así lo ameriten.

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