El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su profunda preocupación y rechazo ante la creación de la cuenta en la red social X denominada “Oficina de Respuesta Oficial”, impulsada desde la Presidencia de la Nación con el objetivo de “desmentir activamente la mentira” y exponer supuestas operaciones políticas y mediáticas.
A través de un comunicado, la organización alertó que la iniciativa implica un riesgo institucional grave, al considerar que el Estado estaría avanzando en la construcción de una “verdad oficial” desde una posición de poder. Según FOPEA, esta pretensión entra en colisión directa con los principios básicos del periodismo y con el funcionamiento de una sociedad democrática.
“Un tribunal de la verdad desde el Estado”
FOPEA recordó que el compromiso central del periodismo es la búsqueda de la verdad, basada en el rigor profesional, el chequeo de datos, la diversidad de fuentes y la honestidad intelectual, y no en la imposición de dogmas. En ese sentido, subrayó que ninguna autoridad puede erigirse en árbitro absoluto de lo verdadero y lo falso.
La entidad manifestó especial alarma porque la difusión de la iniciativa se realizó desde canales oficiales de la Presidencia, lo que —según advirtió— supone el uso de recursos públicos para vigilar, señalar o estigmatizar el disenso y el trabajo periodístico crítico. “El Estado debe garantizar la libertad de expresión, no auditar el discurso público”, remarcaron.
Además, el pronunciamiento se da en un contexto que FOPEA considera contradictorio: restricciones en el acceso a la información pública, cambios por decreto en la Ley de Acceso a la Información, ausencia de conferencias de prensa regulares y la falta de una vocería presidencial activa.
Un llamado a proteger el debate público
Con más de dos décadas de trayectoria institucional, FOPEA señaló que ya expresó objeciones similares frente a iniciativas de gobiernos anteriores. El argumento, indicaron, se mantiene vigente: el periodismo debe ser criticado y controlado por la sociedad, pero no puede ser hostigado ni condicionado por el poder estatal.
“Clausurar el debate público implica invalidar al otro y socavar la libertad de expresión y la rendición de cuentas”, advirtió la organización. Para FOPEA, el fortalecimiento democrático no se logra mediante la exposición oficial de supuestas falsedades, sino garantizando transparencia, acceso a la información y pluralidad de voces.
