La Constitución Nacional, argumenta el PEN, “faculta al Presidente a cubrir las vacantes de empleos que requieran el acuerdo del Senado y que se produzcan durante su receso, mediante nombramientos en comisión que expirarán al finalizar la próxima legislatura”, y añade que por ello, “el Presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo periodo legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros”.
Y añade: “Durante el mencionado plazo, esta administración continuará con el trámite legislativo para que la Cámara Alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos”.
En los argumentos de las designaciones, el gobierno afirma: “Desde el 27 de mayo de 2024 hasta el pasado viernes, habiendo transcurrido casi un año desde el momento en que el Presidente, haciendo uso de su facultad, decidió nominar a ambos candidatos, la Cámara Alta debió haber prestado acuerdo a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, optó por guardar silencio, a pesar de que se cumplieron con todos los requisitos normativos vigentes y se demostró la idoneidad de los postulados para el cargo”, explica en un comunicado oficial el gobierno Nacional.
Por su parte, García Mansilla aceptará la designación, mientras que aún no se sabe que hará el juez Ariel Lijo, aunque se presume que presentaría un pedido de licencia. Desde la otra mitad de la biblioteca, aducen que debería renunciar a su cargo como Juez Federal.
Mientras tanto, desde el Ejecutivo afirman que, “es fundamental recordar que la Constitución Nacional, en su artículo 99, inciso 4, establece como atribución exclusiva del Presidente el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema. En ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el Presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores”.
A partir de ahora, se espera la judicialización del tema. Las primeras repercusiones vinieron a partir de Elisa Carrió, que dijo que “desde el punto de vista institucional y republicano, es un verdadero horror. En cuanto a Lijo, es un escándalo de corrupción de magnitud nacional e internacional”.
El senador Paoltroni afirmó: “El nombramiento del juez Lijo por decreto representa una verdadera estafa electoral para quienes creímos en una Argentina distinta, con una justicia de calidad e independiente. Festejan los feudos y todos los que se quieren blindar judicialmente. Lamentable”.
