En la antesala del debate legislativo por la Ley de Modernización Laboral, las principales centrales sindicales endurecieron su postura frente al Gobierno nacional. En una reunión realizada en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), dirigentes gremiales ratificaron su rechazo total al proyecto y anunciaron paro general y movilizaciones para el día en que la iniciativa sea tratada en el Senado, previsto para el 10 de febrero.
Del encuentro participaron referentes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y organizaciones del sector sanitario, junto al diputado nacional Hugo Yasky. La cumbre funcionó como una señal política clara: el sindicalismo se prepara para confrontar en la calle si el oficialismo avanza con la reforma.
Paro, marchas y un calendario de protestas
Según lo resuelto, habrá movilizaciones el jueves 5 de febrero en Córdoba y el martes 10 en Rosario, además de un paro general durante el tratamiento del proyecto en la Cámara alta. Los gremios advirtieron que los derechos laborales “no pueden ser moneda de cambio” en negociaciones políticas y cuestionaron la estrategia del Ejecutivo para reunir apoyos en el Congreso.
En ese marco, los dirigentes remarcaron que el debate se dará en sesiones extraordinarias, lo que, a su entender, limita la discusión pública. Por eso, anticiparon la difusión de un comunicado conjunto para denunciar que la iniciativa “no surge de un debate democrático”, sino de acuerdos “a espaldas de los trabajadores”.
Los puntos que generan mayor rechazo
Las centrales sindicales enumeraron los ejes que consideran más conflictivos del proyecto. Señalaron que la propuesta debilita la negociación colectiva, restringe el derecho de huelga y facilita los despidos, además de avanzar sobre la organización sindical. También alertaron sobre la legalización de la precarización laboral y la imposición de límites salariales.
Para el sindicalismo, la reforma no apunta a crear empleo ni a mejorar las condiciones de trabajo. Por el contrario, sostienen que consolida un modelo de salarios bajos y pérdida de derechos, con impacto directo en el poder adquisitivo y la estabilidad laboral.
