El oficialismo consiguió este miércoles 42 firmas en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y obtuvo el dictamen de mayoría para un nuevo proyecto sobre el sistema de discapacidad. La iniciativa, impulsada por La Libertad Avanza junto al PRO, la UCR, Argentina Federal, el MID, Producción y Trabajo y La Neuquinidad, busca reemplazar el carácter transitorio de la actual emergencia por un régimen permanente, mientras la oposición reunió 36 firmas para prorrogar la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027.
El cambio se produjo después del giro del Gobierno respecto del enfoque que había planteado inicialmente en el proyecto de Presupuesto 2027. El oficialismo presentó ahora una propuesta denominada “Ley de Fortalecimiento Permanente de Discapacidad”, que incorpora buena parte de los beneficios contemplados en la legislación de emergencia que vence el próximo 31 de diciembre.
La diputada Laura Rodríguez Machado, encargada de presentar el dictamen oficialista, definió la iniciativa como una “propuesta de una ley superadora” y explicó el cambio de enfoque: “No venimos a demonizar la ley de emergencia, sino a preguntarnos qué pasa el día después de la emergencia”.
Qué propone el nuevo proyecto de discapacidad
Entre los principales puntos del dictamen aparece la continuidad de la pensión por discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y la compatibilidad con un empleo formal cuyos ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.
El proyecto también establece que el derecho al cobro de las compensaciones económicas pendientes subsistirá aun después de finalizada la emergencia y contempla un cronograma para cancelar esas obligaciones.
Otro punto incluido es la ratificación de la universalidad y homogeneidad de los aranceles del nomenclador, además de la incorporación de partidas presupuestarias destinadas a financiar las medidas previstas por la nueva ley.
La iniciativa contempla también un sistema público de auditorías periódicas y capacitación obligatoria, una herramienta planteada a partir de pedidos realizados por las provincias.
“Queremos una ley permanente que no deje en ascuas al colectivo de discapacidad”, sostuvo Rodríguez Machado, quien agregó: “A ustedes les encanta la emergencia. ¿Les parece que esa palabra es sanadora?”
La diputada también defendió la incorporación de mecanismos de control y afirmó: “Creo fervientemente en los derechos de las personas con discapacidad”, aunque señaló que los beneficios deberán ser auditados.
Desde la oposición, el cambio de posición fue recibido con cuestionamientos. María Inés Zigarán, de Provincias Unidas, destacó el giro del oficialismo, pero objetó el procedimiento parlamentario utilizado. “Si hay un proyecto distinto, debe seguir el curso parlamentario”, planteó.
En la misma línea, Eduardo Valdés, de Unión por la Patria, señaló que su espacio hubiera preferido resolver antes la situación del colectivo y sostuvo: “No nos gustan las emergencias, nos obligaron a la emergencia”.
Valdés además reclamó garantías presupuestarias para acompañar el dictamen y condicionó un eventual consenso a que el Gobierno retire del Presupuesto los artículos vinculados con discapacidad y asegure las partidas correspondientes con la firma del ministro de Economía, Luis Caputo.
La oposición insiste con prorrogar la emergencia
La Coalición Cívica también cuestionó el cambio de postura. Maximiliano Ferraro sostuvo que el Gobierno realizó una “verdadera vuelta carnero en el aire” después de haber presentado inicialmente un Presupuesto que, según su interpretación, modificaba las condiciones del sistema de discapacidad.
Ferraro recordó además los reclamos de familias, prestadores y organizaciones durante el último año y cuestionó la gestión oficial sobre el área.
El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, mantuvo la posición de prorrogar la emergencia hasta diciembre de 2027 y calificó el giro del oficialismo como “saltos ornamentales” y “contorsionismo”.
