El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) solicitó este miércoles a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se expida “a la mayor brevedad” sobre la causa judicial vinculada al cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial, en medio de un fuerte conflicto entre el sistema universitario público y el Gobierno nacional tras la cuarta Marcha Federal Universitaria realizada este martes en todo el país.
El pedido de la UBA se produjo pocas horas después de la multitudinaria movilización que tuvo su epicentro en Plaza de Mayo y luego de las declaraciones del secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien reafirmó la política de recortes presupuestarios impulsada por la administración de Javier Milei.
A través de una publicación en redes sociales, la Universidad de Buenos Aires sostuvo: “El Consejo Superior de la UBA solicita a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, en el marco de la causa judicial vinculada al cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario, se expida a la mayor brevedad”.
La tensión entre las universidades y el Gobierno sigue creciendo
La presentación de la UBA se da en un contexto de creciente conflicto entre las casas de estudio nacionales y el Ejecutivo, luego de más de 200 días sin aplicación efectiva de la ley de financiamiento votada por el Congreso y judicializada por el Gobierno nacional.
Durante la marcha realizada este martes, estudiantes, docentes, no docentes, investigadores y autoridades universitarias reclamaron por la recomposición salarial, la actualización presupuestaria y el envío de fondos para garantizar el funcionamiento de universidades y hospitales universitarios.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) vienen denunciando una caída real superior al 45% en las transferencias destinadas al sistema universitario desde 2023.
En paralelo, el Gobierno mantiene su postura de ajuste sobre el gasto público. El secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ratificó en las últimas horas la decisión oficial de continuar con la reducción del gasto universitario y volvió a cuestionar el reclamo impulsado por rectores, gremios y estudiantes.
Las declaraciones generaron un fuerte malestar dentro de la comunidad académica, especialmente luego de la masiva convocatoria de la cuarta Marcha Federal Universitaria.
La Corte Suprema, bajo presión por la ley universitaria
El pedido formal de la UBA busca acelerar la definición judicial sobre la constitucionalidad y aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que el Gobierno decidió no implementar plenamente tras cuestionarla en tribunales.
Desde distintos sectores universitarios sostienen que la demora judicial profundiza la crisis presupuestaria y salarial que atraviesan las instituciones públicas.
Además del reclamo económico, rectores y docentes alertan sobre el impacto que el ajuste puede tener en áreas sensibles como investigación científica, infraestructura, becas estudiantiles y hospitales universitarios.
“La protección del sistema universitario público argentino” fue uno de los conceptos centrales utilizados por la UBA en su comunicado
