La provincia de La Pampa presentó una medida cautelar autónoma contra el Estado Nacional para suspender de inmediato los artículos 3° y 4° del Decreto 982/2026, firmado por Javier Milei y publicado el 11 de septiembre. La presentación, impulsada por el gobernador Sergio Ziliotto, busca mantener el régimen de distribución de las regalías hidroeléctricas del sistema Los Nihuiles mientras la Justicia define la cuestión de fondo, luego de que el Gobierno nacional dispusiera que esos recursos sean percibidos en su totalidad por Mendoza.
La provincia sostiene que su derecho no se origina únicamente en el Decreto 1560/73, sino también en el convenio firmado en 1992 entre la Nación, Mendoza y La Pampa, que fue homologado por la Corte Suprema de Justicia. Según el planteo pampeano, ese acuerdo estableció obligaciones entre las partes que no pueden ser modificadas unilateralmente por uno de sus integrantes.
La Pampa cuestiona el decreto y habla de un avasallamiento
En su presentación judicial, La Pampa afirma que la decisión presidencial implica un “avasallamiento a las autonomías provinciales” y que vulnera principios de buena fe, seguridad jurídica y federalismo de concertación.
El planteo sostiene además que el nuevo esquema genera un perjuicio directo sobre las cuentas provinciales al afectar un “derecho patrimonial adquirido”. Por eso, la medida cautelar apunta a impedir que la modificación se consolide y produzca efectos difíciles de revertir en las futuras concesiones del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles.
El argumento central de la provincia es que la Nación participó del convenio de 1992 como una de las partes y no como una autoridad jerárquicamente superior a Mendoza y La Pampa.
La Corte ya analiza el conflicto por el régimen de regalías
El reclamo suma un elemento que La Pampa considera especialmente relevante. La validez del Decreto 1560/73 ya está siendo analizada por la Corte Suprema en una causa iniciada por Mendoza contra el Estado Nacional.
En ese expediente, fue el propio Estado Nacional el que pidió que La Pampa fuera citada por estar directamente involucrada en la controversia. La Corte aceptó esa solicitud el 27 de agosto. Catorce días después, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto 982/2026 y modificó hacia el futuro el régimen de regalías que continúa bajo análisis judicial.
Para La Pampa, esa secuencia justifica la necesidad de preservar la situación vigente hasta que exista una resolución definitiva.
La cautelar no busca resolver todavía quién tiene razón sobre el fondo de la disputa, sino mantener provisoriamente el esquema que rigió durante décadas mientras avanza el proceso judicial.
