El Senado aprobó este jueves la nueva Ley de Biocombustibles por 41 votos contra 25, luego de un extenso debate que atravesó las diferencias entre las provincias productoras, las empresas integradas y las pymes del sector. El proyecto modifica la Ley 27.640, amplía los cortes obligatorios de biodiésel y bioetanol y ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
La iniciativa llegó al recinto después de varias semanas de negociaciones y terminó incorporando modificaciones consensuadas entre La Libertad Avanza y distintos bloques dialoguistas. El tratamiento particular permitió introducir cambios sobre los cupos destinados a empresas no integradas y otros puntos reclamados por representantes provinciales.
El nuevo esquema para biodiésel y bioetanol
Uno de los cambios centrales estará en los cortes obligatorios. El biodiésel destinado al gasoil pasará del 5% vigente al 7,5% durante el primer año y luego al 10%. Para el bioetanol utilizado en las naftas, el corte se mantendrá inicialmente en 12% y posteriormente subirá al 15%.
El texto establece además un régimen diferenciado entre compañías integradas y no integradas. Estas últimas tendrán una participación reservada que se reducirá progresivamente, aunque contarán con un piso mínimo a partir de 2031. El objetivo declarado durante la negociación fue equilibrar la participación de las pequeñas plantas frente a grupos que controlan distintas etapas de la cadena productiva.
También se elimina el precio máximo y se adopta como referencia el valor exportable. A su vez, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires podrán establecer mecanismos de fomento para comercializar cortes superiores a los mínimos obligatorios.
La autoridad de aplicación será la Secretaría de Energía, que podrá modificar excepcionalmente los porcentajes obligatorios ante situaciones comprobadas de escasez o problemas técnicos y de calidad, aunque esas reducciones no podrán extenderse por más de 90 días.
La pelea política detrás de la ley
Durante el debate, la senadora Flavia Royón defendió el proyecto y sostuvo que apunta a “potenciar cadenas de valor de nuestros granos, atraer inversiones y desarrollar fuentes de trabajo en el interior”. También afirmó que el sector necesita “reglas nuevas que le permitan crecer, incorporar tecnología y alcanzar una nueva escala”.
Desde el peronismo hubo cuestionamientos, especialmente por el impacto que el nuevo esquema podría tener sobre las empresas no integradas. Jorge Capitanich advirtió que la reforma puede generar un proceso de concentración y reclamó preservar “cupo, corte, plazo y regulación adecuada, para que los grandes no se terminen fagocitando a los más pequeños”.
La discusión también reflejó la presión de las provincias del norte, donde la industria del bioetanol tiene un peso importante, y de distritos como La Pampa, San Luis y Buenos Aires, donde existe una fuerte presencia de pequeñas y medianas plantas de biodiésel.
El proyecto establece además que la comercialización de los volúmenes destinados al corte obligatorio deberá realizarse mediante un sistema de subastas en un Mercado Electrónico, bajo reglas de transparencia y acceso público.
