El secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, expuso este miércoles ante la Comisión de Trabajo del Senado en el marco del debate por la Modernización Laboral y buscó despejar uno de los principales temores que rodean a la iniciativa: aseguró que el proyecto no quita beneficios a los trabajadores ni tendrá aplicación retroactiva.
Tras su participación en la Cámara alta, el funcionario remarcó ante los periodistas, que la propuesta surge como respuesta a dos problemas estructurales de la Argentina: la alta informalidad laboral y el estancamiento en la creación de empleo genuino. En ese sentido, sostuvo que se trata de un esquema “muy equilibrado”, pensado a partir de un análisis social y productivo, y orientado a ordenar prácticas que hoy existen pero carecen de regulación clara.
Un proyecto sin retroactividad ni pérdida de derechos
Cordero fue enfático al aclarar que la reforma no afectará a los trabajadores que ya están en relación de dependencia. “No hay ninguna norma que indique retroactividad ni ninguna quita de derechos”, afirmó, y explicó que las condiciones actuales de quienes están en blanco no pueden modificarse de manera unilateral por las empresas.
Además, detalló que el proyecto no elimina horas extras ni derechos adquiridos, sino que habilita, a través de los convenios colectivos, formas más flexibles de organización de la jornada laboral. Según explicó, esto permitiría, por ejemplo, acordar esquemas de horarios más adaptables, especialmente en pequeñas y medianas empresas, para facilitar la conciliación entre trabajo y vida personal sin generar conflictos ni litigios.
Empleo, convenios colectivos y tensión sindical
El secretario de Trabajo también se refirió a la protesta anunciada por la CGT contra la reforma y señaló que el Gobierno apuesta a que los debates se den en el ámbito institucional. En ese marco, insistió en que la ley apunta a fomentar nuevas contrataciones formales, sin alterar los derechos vigentes.
Entre los puntos clave, Cordero explicó que se propone ordenar situaciones laborales hoy conflictivas, reducir la litigiosidad y establecer un plazo de un año para que las partes puedan renegociar libremente los convenios colectivos, manteniendo las cláusulas obligacionales y garantizando continuidad laboral.
Finalmente, subrayó que los cambios estarán orientados principalmente a nuevas contrataciones, mientras que las relaciones laborales en curso continuarán bajo el marco normativo actual. “El objetivo es destrabar un mercado laboral que hoy está paralizado y generar empleo genuino”, concluyó.
