La intervención por un año del Puerto de Ushuaia, dispuesta por el Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), sumó en las últimas horas nuevos y más graves fundamentos. A las denuncias por déficit de infraestructura y riesgos operativos, ahora se agregaron presuntas maniobras irregulares en la administración financiera y en los sistemas de registración del ente portuario.
Según el informe oficial, la inspección detectó que la Dirección Portuaria habría tercerizado el registro de ingresos, egresos y compras en una empresa sin antecedentes ni habilitación específica para ese tipo de servicios. De acuerdo a fuentes del organismo, la firma contratada figura en los registros oficiales como dedicada a la venta de “paraguas, termos y pelucas”, una actividad completamente ajena a la gestión portuaria.
Desde la ANPyN sostienen que este esquema derivó en una pérdida de control administrativo y financiero, lo que refuerza —según su criterio— la necesidad de la intervención. “Se registró una dinámica de extracción de fondos del puerto para destinarlos a otros fines”, dejó asentado un auditor del organismo en el expediente.
Fondos desviados, fallas estructurales y un conflicto que escala a la Justicia
La resolución que dispuso la intervención invoca razones de interés público y busca “recuperar condiciones adecuadas de seguridad operativa” y revertir un profundo deterioro de la infraestructura. Durante el proceso, la ANPyN contará con el apoyo de la Prefectura Naval Argentina para reforzar la seguridad y las tareas operativas, mientras que las principales gerencias seguirán a cargo de personal fueguino con experiencia técnica.
Las inspecciones realizadas a lo largo de 2025 revelaron múltiples falencias: faltantes de pilotes en el sitio 3 del muelle, defensas deterioradas en zonas de atraque, problemas en el tablestacado, deficiencias en la carpeta asfáltica, sistemas de protección contra incendios obsoletos, fallas en alarmas y seguridad, señalización deficiente, iluminación insuficiente y controles inadecuados del tránsito pesado y de los residuos portuarios.
En el plano financiero, el organismo nacional cuestionó un convenio firmado por la Dirección Portuaria Provincial —a cargo de Roberto Murcia— mediante el cual se comprometieron $4.000 millones del presupuesto portuario para asistir al Ministerio de Economía provincial en obras ajenas a la terminal. La ANPyN remarcó que esta práctica contradice el convenio de transferencia firmado en 1992 entre la Nación y la provincia, que prohíbe expresamente el uso de los recursos del puerto para otros fines.
Según los datos relevados, el 33% del presupuesto portuario habría sido destinado a subsidios provinciales, mientras que apenas el 1,3% se utilizó para obras y servicios de mejora de la infraestructura.
Del lado político, el gobernador Gustavo Melella rechazó la intervención y anunció que Tierra del Fuego judicializará la medida. “No compartimos ni la decisión ni sus fundamentos”, sostuvo, al tiempo que afirmó que el puerto opera con normalidad y atraviesa una temporada récord de cruceros.
En la administración fueguina interpretan la decisión como una avanzada del Gobierno nacional sobre un activo estratégico de la provincia, e incluso deslizan que podría tratarse de un paso previo a una eventual privatización.
