El Ministerio de Seguridad Nacional que conduce Patricia Bullrich, salió con los tapones de punta tras el violento episodio que vivió el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora. El martes 27 de agosto, la caravana presidencial fue atacada y el hecho ya está en la Justicia con una denuncia penal.
La presentación acusa por intimidación pública y atentado a la autoridad, delitos agravados por la coparticipación criminal. Según el escrito, lo ocurrido reviste “una gravedad inusitada” al tratarse de un ataque directo contra la máxima investidura del país y el normal funcionamiento institucional.
El Gobierno no descarta que se haya tratado de una maniobra planeada y coordinada. Por eso pidió que la investigación profundice en las responsabilidades individuales y colectivas, lo que podría derivar en una imputación todavía más pesada para los responsables.
Desde la cartera de Seguridad aseguraron que ya se activaron todas las medidas para identificar a los autores materiales e intelectuales, en conjunto con la Justicia y las fuerzas federales.
El mensaje fue claro y contundente:
“No vamos a tolerar hechos de violencia política, ni ataques organizados contra la figura presidencial ni contra ninguna autoridad democráticamente electa. En la Argentina de hoy, el que las hace, las paga”.
