El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, manifestó su rechazo a lo que catalogó como “un nuevo avasallamiento por parte del Presidente a las facultades de este Congreso cuya composición resulta de la voluntad popular”.
En el comunicado, se recuerda que en el año 2021, el Congreso sancionó la Ley Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública por una mayoría de 234 votos. Allí, en el artículo 2 de la mencionada Ley establece que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”.
“Fue por esa norma que sigue vigente, que en marzo de 2022 (tres años atrás), el acuerdo enviado por el Poder Ejecutivo debió pasar por el Congreso Nacional. El presidente lo sabe porque siendo diputado votó en contra”, recuerdan los diputados.
Los diputados, afirman que “la utilización de un Decreto de Necesidad y Urgencia por parte de Javier Milei para convalidar un nuevo acuerdo con el FMI, viola la ley y las normas constitucionales“, y se preguntan: “¿Por qué no da a conocer las condiciones?¿Qué prometió a cambio de “fondos frescos”?¿Por qué el ministro Caputo afirma que esto no pasó nunca en Argentina cuando hace apenas siete años negó la posibilidad de pedirle un préstamos al organismo y dos meses después Macri anunció que recibiría el préstamos más grande de la historia?”.
También, aseguran que “el DNU 179/25 firmado por el Presidente y todo el gabinete de Ministros, no da cuenta de un mínimo de condiciones contenidas en el presunto acuerdo. No especifica el monto, no aclara el destino de los fondos, la tasa de interés, ni prevé una excepción de financiamiento de fuga de capitales”.
“En este sentido, agregan, es que advertimos que estamos frente a un cheque en blanco que deriva “en un futuro paga Dios”!”
Finalmente aseguran que “Queremos recalcar que contraer esta nueva deuda sin una ley expresa del Congreso Nacional torna a la misma ilegal e ilegítima. Quienes convaliden este mecanismo, se convertirán en infames traidores a la patria, y no sólo tendrán consecuencias penales sino también civiles“.
