Los diputados nacionales Cecilia Moreau, Santiago Cafiero, Matías Molle, Daniel Arroyo y Leopoldo Moreau ingresaron en el Juzgado de la Dra. Sandra Arroyo Salgado una denuncia penal contra varios influencers libertarios, que luego que el Senado aprobara varios proyectos en contra de los intereses del Gobierno Nacional, llamaron a ir contra los legisladores.
Los denunciados son Daniel Parisini, conocido en las redes sociales como el Gordo Dan, Franco Iván Jeremías Antunes Puchol, que se identifica como @FranFijap y Luciano Cabrera @ElTrumpista y los usuarios de la red social X GordoEdición y @TomasDellElce, cuyas identidades se desconocen, por integrar una asociación alcanzada por el artículo 213 bis del Código Penal, que reprime a quien organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este código, tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación…”.

El artículo 213 bis del Código Penal Argentino, ubicado dentro del Título VIII sobre “Delitos contra el orden público”, específicamente trata sobre asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo. Este artículo, en su inciso 1, castiga a quien, por cualquier medio, difunda ideas basadas en la superioridad o el odio racial. El inciso 2 sanciona a quien incite a la discriminación racial. El inciso 3 castiga a quien realice actos de violencia o incite a cometerlos contra cualquier raza, persona o grupo de personas. Finalmente, el inciso 4 castiga a quien financie, asista o ayude a actividades racistas. La pena para estos delitos puede variar, siendo agravada si son cometidos por funcionarios públicos.
En resumen, el artículo 213 bis del Código Penal Argentino aborda delitos relacionados con la incitación al odio, la discriminación y la financiación del terrorismo.
En su denuncia, los legisladores de UxP indican que, además, corresponde agregar el agravante del Art. 210 bis del Código Penal ( asociación ilícita agravada), y menciona una amenaza de alzamiento en armas para impedir -al menos temporalmente- el normal ejercicio de las funciones constitucionales asignadas al Honorable Senado de la Nación. Además, reclama una serie de medidas procesales y periciales y el registro de ingresos de los denunciados a la Casa Rosada y/o a la Quinta Presidencial de Olivos.





