La investigación por el paso de Flávio Bolsonaro por la Argentina rumbo a Estados Unidos tuvo este jueves dos novedades judiciales: la fiscalía federal de Puerto Iguazú archivó una denuncia por presuntas irregularidades migratorias, mientras que la jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó medidas de prueba preliminares en Comodoro Py para determinar si el presidente Javier Milei y otros funcionarios tuvieron alguna intervención ilegal en el operativo.
La decisión adoptada en Misiones consideró que no había elementos para sostener la existencia de un delito. En paralelo, la causa que tramita en la Ciudad de Buenos Aires busca establecer si las autoridades argentinas recibieron alertas de Brasil sobre la situación judicial del senador y si correspondía adoptar alguna medida antes de su salida.
Qué resolvió la fiscalía de Puerto Iguazú
El fiscal federal subrogante Aníbal Fabián Martínez dispuso el archivo de las actuaciones al concluir que no se comprobaron irregularidades en los controles migratorios ni en la intervención del personal de frontera.
Según los registros oficiales incorporados al expediente, Bolsonaro ingresó desde Brasil el 27 de octubre a las 22.37 por el puente internacional Tancredo Neves y salió ese mismo día a las 23.52 desde el aeropuerto de Puerto Iguazú, en un vuelo privado con destino a Ecuador.
Además, Interpol informó que no registraba órdenes de captura, restricciones ni requerimientos vigentes contra el senador al momento de la consulta. Por eso, la fiscalía consideró que “contaba con plena aptitud legal y documental para ingresar, transitar y egresar del territorio argentino”.
El organismo entendió que no correspondía avanzar con otras medidas solicitadas, como el análisis de cámaras de seguridad, manifiestos de pasajeros y registros de la aeronave. Sin embargo, remitirá una copia de la resolución a la Fiscalía Federal N.º 10 de la Ciudad de Buenos Aires, donde continúa otra investigación vinculada con el caso.
Qué investiga Capuchetti sobre el Gobierno de Milei
En Comodoro Py, la jueza Capuchetti ordenó requerir las filmaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Puerto Iguazú correspondientes al 27 y 28 de octubre. También pidió informes para establecer si organismos argentinos recibieron comunicaciones oficiales de Brasil sobre la situación judicial de Bolsonaro y qué controles se realizaron sobre el avión y sus pasajeros.
Las medidas fueron solicitadas por la fiscal Paloma Ochoa antes de resolver si impulsa formalmente la investigación. La denuncia, presentada por el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano, plantea posibles delitos como encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Solano sostiene que el Gobierno argentino pudo haber conocido las restricciones que pesaban sobre Bolsonaro en Brasil y pide esclarecer si hubo colaboración u omisiones de funcionarios nacionales.
Las medidas preliminares no implican que Milei u otros funcionarios sean considerados responsables de un delito. La investigación deberá determinar si existieron alertas previas, qué información manejaban las autoridades y si hubo alguna actuación irregular en el traslado del senador brasileño.
