Hay algo más profundo detrás del cortocircuito que provocó el capítulo de Discapacidad del Presupuesto 2027. No se trata solamente de una discusión sobre números, partidas o artículos de una ley. El problema apareció cuando Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, salió a decir que desconocía los cambios incluidos en el proyecto y que una decisión de ese calibre no había sido discutida en la mesa política. “Me sorprendió”, dijo, y advirtió que estas situaciones “resienten” la relación con los aliados.
El capítulo de Discapacidad del Presupuesto 2027 abrió una fuerte disputa política. El texto original proponía endurecer el acceso a las pensiones, limitar el alcance del CUD y hacer incompatible el beneficio con un empleo registrado, además de modificar el sistema de prestaciones. Las críticas obligaron al Gobierno a revisar la propuesta y negociar un nuevo texto con los bloques aliados.
La nueva versión mantiene la intención de precisar los requisitos para acceder a las pensiones, pero permitiría compatibilizarlas con el trabajo formal y modificaría el mecanismo de actualización del nomenclador. Todavía quedan pendientes las compensaciones para los prestadores por las deudas acumuladas, pero el episodio dejó algo más que una discusión técnica: cuando el Presupuesto toca derechos sensibles, hasta los aliados empiezan a levantar la voz antes de levantar la mano.
Y ahí aparece la verdadera disputa: quién conduce, quién negocia y quién paga el costo político de las decisiones del Gobierno. Bullrich no cuestionó solamente el contenido del capítulo de Discapacidad; cuestionó el modo en que se construyen las decisiones dentro del oficialismo. En política, hasta el silencio tiene sonido, y esta vez el silencio de la mesa política terminó escuchándose demasiado fuerte en el Congreso. La ex ministra y Karina Milei se desconfían, pero se necesitan. Si las elecciones no estuviesen a la vuelta de la esquina, la realidad sería distinta. La relación está rota.
Bullrich sabe, además, que tiene detrás una historia electoral que no desapareció porque haya cambiado de partido. En octubre de 2023 obtuvo el 23,81% de los votos, más de 6,3 millones de sufragios. Ese universo sigue siendo una referencia política. Por eso, sus actuales reclamos pueden leerse también como una manera de conservar un perfil propio frente a un electorado que la votó y que no necesariamente se identifica automáticamente con cada decisión de La Libertad Avanza. No parece una discusión improvisada: es una disputa por identidad, representación y espacio político dentro del oficialismo. El dato electoral es concreto: si una parte de aquel 23% se aleja, cualquier armado oficialista pierde una porción relevante de su base de apoyo, aunque eso por sí solo no permita anticipar un resultado electoral.
El otro conflicto fuerte surgirá con el financiamiento universitario. La plata para las casas de estudio no alcanza. El 95% de lo que se transfiere va a parar a sueldos. Hay 8 billones de pesos que no tienen un destino claro porque en la partida dice “fortalecimiento de recursos humanos”, que va a parar a la cartera que conduce Alejandro “El Galleguito” Álvarez, quien es el actual subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación. El 15 de Octubre la calle se llenará otra vez con ese reclamo. El gobierno sigue pegando por debajo de la línea de flotación de la clase media.
Mientras en los despachos se discuten artículos, afuera la realidad tiene bastante menos paciencia. Hay menos empleadores, se pierden cientos de miles de puestos registrados y la desocupación llegó al 7,9% en el segundo trimestre de 2026, según el INDEC. La pobreza, mientras tanto, ya no puede mirarse solamente desde una planilla: una familia tipo necesitó en agosto más de $1,6 millones para superar la línea de pobreza. La macroeconomía puede dibujar curvas, pero el almacén sigue teniendo góndolas y precios, y el trabajador sigue teniendo que llegar a fin de mes.
Del otro lado del mapa político, Axel Kicillof también decidió dejar de esperar sentado. El gobernador bonaerense avanza con el Movimiento Derecho al Futuro y abrió una disputa cada vez más visible con La Cámpora de Máximo Kirchner, mientras Sergio Massa vuelve a caminar la escenografía peronista y observa dónde puede encontrar su próxima puerta de entrada. Kicillof acaba de decir que no le interesa “una construcción a control remoto” y convocó a construir una alternativa nacional. La frase tiene destinatarios evidentes aunque no los nombre: el gobernador quiere construir desde su propio territorio político y no quedar subordinado a una conducción que todavía pretende ordenar el peronismo desde los mismos escritorios de siempre.
Y mientras los dos grandes polos se miran, en el centro del escenario empieza a aparecer otra fotografía. Ignacio Torres, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora mantienen conversaciones para fortalecer un espacio común y no se descarta que esa construcción pueda transformarse en una alternativa electoral nacional, incluso mediante una primaria si las PASO continúan vigentes. En los últimos días, los tres volvieron a mostrarse juntos y sumaron también al gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés. No hay candidatura definida ni acuerdo electoral cerrado, pero la conversación existe y otros gobernadores podrían incorporarse.
La política argentina vuelve así a parecerse a un enorme tablero de ajedrez armado sobre una mesa que se mueve. Mientras tanto, la sociedad observa todo eso desde otro lugar, bastante menos sofisticado y bastante más concreto: el trabajo, el salario, el precio de la comida y la posibilidad de llegar a fin de mes. Porque en algún momento todos los discursos terminan chocando contra la misma pared: la realidad.
